14 de marzo de 2017
14.03.2017
Una trama de corrupción en las entrañas del sindicato minero

Villa no se sentará en el banquillo, en el mejor de los casos, hasta 2018

Denuncian maniobras para intentar usar el proceso contra Javier Fernández y enturbiar la lucha en el PSOE

14.03.2017 | 18:33
José Ángel Fernández Villa, entre su abogada, Ana García Boto, a la izquierda, y su esposa, María Jesús Iglesias, el pasado 3 de marzo cuando se dirigía a declarar en el Juzgado de instrucción.

La instrucción del "caso Villa" se acerca a su fin. O eso al menos es lo que se calcula en medios judiciales, en los que se prevé que el exsindicalista y líder minero José Ángel Fernández Villa se siente en el banquillo de los acusados en 2018. El paso más inmediato es que la jueza instructora, Simonet Quelle Coto, responda al alud de pruebas y testificales solicitadas por la defensa del ex secretario general del SOMA. Las fuentes consultadas indicaron que "previsiblemente" la magistrada resolverá esta misma semana, porque "no va a permitir que se dilate más la fase de instrucción, como pretende la defensa".

La avalancha de nuevas pruebas y hasta 34 testificales solicitadas por la letrada de Villa, Ana García Boto, tras la declaración del exsindicalista, no ha sorprendido en medios judiciales ni en el entorno del caso. "Es una nueva maniobra dilatoria para intentar prolongar la fase de instrucción e incluso tratará de que se anule para que empiece todo de nuevo, lo que es legítimo dentro de la estrategia de la defensa. Cuanto más tiempo pase, mayor deterioro físico y cognitivo sufrirá Villa, situación que también se intentará aprovechar para evitar que se siente en el banquillo y sea juzgado", señalaron las fuentes consultadas. La abogada de Villa ya ha presentado una docena de recursos desde que se inició la instrucción para que se suspendiera o, en último extremo, dilatarla lo máximo posible.

Si la jueza instructora rechaza en su totalidad la solicitud de la defensa de Villa, podría dictar rápidamente un auto dando por finalizada la fase de instrucción. Pero esta posibilidad es poco probable, según las mismas fuentes, que dan por seguro que se aceptará alguna de las peticiones, con lo que el proceso se alargaría todavía unos cuantos meses.

Una vez que se cierre la instrucción, y en el caso de que no se archive el procedimiento, se abriría la fase intermedia para presentar los escritos de defensa y de acusación. Posteriormente, se tendría que abrir el juicio oral, y sería un Juzgado de lo penal el que tendría que fijar la fecha. "Todo este proceso llevaría a 2018. Sería muy difícil que se pudiera abrir el juicio oral en este mismo ejercicio", indicaron las fuentes consultadas.

La querella presentada por el SOMA contra José Ángel Fernández Villa por presunta apropiación indebida mantiene que el exsindicalista minero se apoderó de 420.000 euros, de los que unos 243.000 procederían de las dietas del comité intercentros de Hunosa y el resto, a través de las tarjetas del sindicato, pero como gastos sin justificar.

José Ángel Fernández Villa negó en su declaración ante la jueza Simonet Quelle Coto tener responsabilidad en el agujero que los nuevos dirigentes del SOMA encontraron en las cuentas del sindicato. El exsecretario general de la organización aseguró en su testimonio del pasado día 3 que no eran suyas algunas de las firmas que figuran en los documentos presentados por los querellantes junto a su demanda, y apuntó directamente a miembros de su equipo en aquellas fechas, como su exsecretaria, Carmen Blanco, y a Juan Cigales, excontable del SOMA.

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