Los cuatro empresarios juzgados en el "caso Marea", el mayor escándalo de corrupción que se haya registrado en Asturias, han sido sentenciados este viernes a un total de 15 años y 9 meses de prisión.

El gerente de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, ha sido condenado a seis años y medio de prisión por los delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, otro continuado de malversación de caudales públicos (dos años y seis meses) y otro de cohecho (cuatro años). Además, le ha sido impuesta una multa de 1.500.000 euros.

Alfonso Sánchez, gerente de Almacenes Pumarín, ha resultado condenado también a seis años y medio de prisión. En su caso por los delitos continuados de falsedad en documento oficial, malversación de caudales públicos (dos años y seis meses) y otro de cohecho (cuatro años). La multa impuesta por la Audiencia al empresario gijonés ha sido superior a la de Muñiz, alcanzando los 1,9 millones de euros.

Los gerentes de Almacenes Pumarín e Igrafo también han sido condenados a indemnizar al Principado de Astruias , junto a María Jesús Otero, con el importe de los perjuicios causados.

A uno de los otros dos empresarios involucrados en la trama, Maximino Fernández, gerente de ASAC Comunicaciones, se le ha condenado a un año y nueve meses de prisión por el delito continuado falsedad en documento mercantil y una multa de nueve meses con doce euros de cuota diaria. A Fernández se le ha aplicado la atenuante de confesión después de que durante el proceso reconociera que realizó facturas, por encargo de Marta Renedo, al Principado por obras que luego no se llegaron a realizar.

El último de los empresarios condenados por la Audiencia ha sido José Azorín, cofundador de Nora, que ha recibido una pena de año de prisión por los delitos de falsificación en documento mercantil y fraude a la administración. Además, el tribunal le ha impuesto una multa de ocho meses a razón de doce euros de cuota diaria.

Todos los empresarios han sido condenados a penas inferiores a las solicitadas por la fiscal Carmen Rodríguez. Sánchez y Muñiz se enfrentaban a nueve años de cárcel mientras que para los responsables de Asac y Nora, Fiscalía solicitaba cuatro y tres años de prisión respectivamente.

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