El sector de la construcción está “al límite”, sobreviviendo “a duras penas”, porque la situación es “insostenible”. Este es el negro panorama que dibuja Joel García, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon). Las aproximadamente 1.800 empresas del sector existentes en Asturias viven un momento “muy duro”, con las materias primas y el combustible alcanzando precios tan elevados que hacen muy difícil continuar con las obras en marcha pues cumplir los presupuestos acordados generaría cuantiosas pérdidas. El resultado de todo ello es que algunas obras están paradas y que otras podrían seguir el mismo camino en los próximos meses. “Está todo que mete miedo a la cabeza”, expresó García.
CAC-Asprocon está recibiendo en las últimas semanas incontables llamadas de sus asociados, muy preocupados por la situación. Tanto así que el colectivo, que celebró el pasado lunes una reunión de la Ejecutiva, celebrará otra extraordinaria, previsiblemente el martes próximo, para hablar de la situación del sector.
“Más que el cierre de empresas el principal temor es que, si esto sigue así, habrá que afrontar reducciones drásticas de personal, lo que puede derivar en un grave problema social”, alerta Joel García. De ahí que CAC-Asprocon busque ahora que el Gobierno del Principado y los ayuntamientos asturianos se adhieran al decreto recientemente aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que permite la revisión al alza de los presupuestos de las obras públicas en caso de que se produzcan incrementos en los precios de las materias primas o de los combustibles. Este será, precisamente, el asunto central de una reunión que el colectivo que preside Joel García solicitará para en los próximos días con representantes de las administraciones autonómica y local. El decreto gubernamental, aprobado el pasado día 1, permite la revisión excepcional de los contratos públicos de obras afectados en caso de subida de los precios de los materiales, pero solo afecta de momento a los proyectos estatales. Con esta revisión se persigue compensar a los empresarios que han contratado obras con la Administración del mayor coste producido por el excepcional incremento en los precios de determinadas materias primas y materiales en 2021.
Revisión
La revisión excepcional se realizará cuando el aumento de los costes haya tenido un impacto relevante en el contrato durante 2021, superior al 5% del importe certificado en ese ejercicio y hasta un máximo del 20%. El contratista deberá repercutir a su vez a los subcontratistas la parte que les corresponda por la parte de la obra subcontratada. La revisión afecta a los contratos de obras en los que no se hayan contemplado sistemas de revisión de precios y también a aquellos que sí los incorporaron, en relación con los períodos en los que dicha revisión aún no sería posible por no haberse ejecutado el 20 por ciento del contrato o haber transcurrido menos de dos años desde su formalización.
Esta norma también será aplicable en el ámbito de las comunidades autónomas que así lo acuerden. El objetivo de CAC-Asprocon es que el Principado lo haga de inmediato.
En cuanto a la obra privada, Joel García apuesta también por una regulación de la revisión de los presupuestos en función de los precios de las materias primas, aunque admite que será “más difícil”.
El colectivo pide evitar también casos como el de la ampliación del Hospital de Cabueñes, en Gijón, cuya primera licitación quedó desierta en noviembre, al incluir el Principado “precios irreales”, más propios de 2018, según los constructores. Joel García calificó entonces los cálculos del Principado de “metedura de pata” e “irresponsabilidad política”. El Ejecutivo de Adrián Barbón, no obstante, reaccionó rápidamente y presentó una nueva licitación en tiempo récord, con precios ajustados a la realidad actual, lo que propició que se hayan presentado nueve empresas, casi todas las “grandes” del sector en España.
