Candás/Luanco,

B. F./ I. G.

La historia reciente de la Mancomunidad del Cabo Peñas tiene una fecha marcada en rojo en el calendario. Los últimos días del mes. Desde hace dos años, el gobierno de Gozón ha fijado sucesivas citas decisivas para el futuro del ente anunciando que antes de ese plazo el órgano sería reformado, o desmantelado. La última de ellas con motivo de la investidura de Ramón Artime como presidente de la Mancomunidad, el pasado martes. Artime aseguró fijar el próximo 31 de enero como fecha límite para presentar un proyecto en firme que consiga reducir el gasto en 180.000 euros. Una rebaja sustancial con respecto a los 428.000 euros que aporta, a duras penas, a las arcas mancomunadas.El otro 31 más cercano en el tiempo fue el de diciembre, fecha en la que se había fijado la entonces disolución del órgano comarcal.

En el otro lado de la moneda están los trabajadores laborales, funcionarios, trabajadores por cuenta ajena, y asalariados, además de las empresas externas que prestan sus servicios a la Mancomunidad, y que desde hace cinco años, esos en los que Gozón ha tenido difícil aportar su parte de la pensión al órgano comarcal, ven cada mes peligrar su sueldo. El personal laboral y funcionario, por el momento, ha conseguido cobrar, gracias a la previsión de gasto por parte de la intervención de la Mancomunidad. No corren la misma suerte los demás.

Lo más llamativo es que no solo los plazos han sido modificados con el paso del tiempo, sino también las propuestas para modificar el ente supramunicipal. A aquellas primeras propuestas de disolución del gobierno gozoniego, en 2010, se ha pasado a los proyectos para «mancomunar más y ahorrar más», del delegado Tino Cuétara, en 2011, y de nuevo a los recortes más serios planteados en la historia reciente, los que preveía Salvador Fernández, alcalde de Gozón hasta hace poco, y que prometían reducir a la mitad la plantilla del órgano comarcal.

Ese testigo fue recogido por su sucesor, Ramón Artime, quién primero aseguró que «o reforma o disolución», para apremiar a Carreño a alcanzar un acuerdo. Desde Carreño precisamente, esta misma semana, se aseguró que «al final Gozón se va a quedar con casi todo», dijeron fuentes de su gobierno, en relación a las últimas intenciones de Artime para con los servicios de la Mancomunidad. El propio Artime lo desmiente, y asegura que de una manera u otra, los recortes están claros: «Hay que rebajar en 180.000 euros el gasto». ¿Cómo?, pues la respuesta se espera, de nuevo, para antes del 31 del mes. El alcalde de Gozón ya avanzó algo de su propuesta. El hecho está en conseguir ingresos y de ahí que se haya puesto la mirada en la piscina. El gobierno de Gozón plantea una subida de los precios de entrada a la instalación deportiva que, hasta el momento, dicen, es la más barata de Asturias. También implicará la explotación del entorno de este edificio mancomunado con la construcción de pistas de pádel, entre otros servicios. El coste de estas infraestructuras permitirá paliar la crisis económica del ente supramunicipal, defienden desde la Mancomunidad del cabo Peñas.

En la última semana se ha dado otro giro al ente que comparten Carreño y Gozón y ya no se habla de disolución. Ahora, cada Ayuntamiento se repartirá de manera asimétrica los servicios que presta la Mancomunidad, es decir, que cada concejo aportará el dinero necesario para mantener los asuntos que desee. Todo ello, para poder encajar el recorte presupuestario de Gozón que pasa por encajar una propuesta de reducción de su aportación de 180.000 euros. A propuesta de los populares de ambos concejos también se prevé la eliminación de las dietas por asistencia a Plenos del ente supramunicipal. Pequeños cambios que tendrán que esperar a la fecha que en Carreño y Gozón se ha marcado en rojo en el calendario, el 31 de enero.