Ha transcurrido ya un año desde que se descubrió el envenenamiento por mercurio de, al menos, 50 trabajadores de la compañía Ingeniería Montajes del Norte (Imsa). El 2 de diciembre de 2012 el calderero Laureano Fernández fue atendido en Urgencias del Hospital San Agustín con síntomas compatibles, en principio, con una gastroenteritis. Fernández trabajaba por entonces, junto a otros 49 personas, en la parada técnica de la planta de tostación número 4 de la empresa Asturiana de Zinc (Azsa). Todos sufrieron una intoxicación masiva por mercurio y todos se convirtieron en los protagonistas del accidente laboral por envenenamiento de metales pesados más grave de los últimos treinta años.
El encargo de Asturiana de Zinc -empresa entonces sumida en la fusión de Xstrata y Glencore International- era que se cortasen los tubos de dos intercambiadores de la planta de tostación número 4 con el fin de instalar después nuevos tubos: más de tres mil. La operaciones las llevaron a cabo con sierras radiales y soldadoras; es decir, aplicaron altas temperaturas en un silo cerrado a cal y canto. Después se supo por el informe del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales y por otro informe de Inspección de Trabajo que el intercambiador estaba invadido por mercurio, un elemento metálico muy volátil (el único líquido) a temperatura ambiente. El resultado de estos trabajos fueron 50 bajas laborales por intoxicación por mercurio. Buena parte de estos afectados se han organizado en la Asociación Asturiana de Intoxicados por Metales Pesados y otros Agentes Químicos.
¿Fueron los primeros? En 1986, también en Asturiana de Zinc, se produjo un accidente de similares características a las de 2012. Francisco Javier Ayerdi Rivado (Avilés, 1959) explicó que cuando tenía 27 años se envenenó con mercurio en el trabajo. Fue el 23 de abril de 1986. Ayerdi multiplicó por 200 el nivel de mercurio permitido actualmente por la ley: dio 2.030 microgramos por litro de sangre. Junto a él resultaron envenenados al menos seis trabajadores más. Todos eventuales de una empresa de montajes.
Los envenenados iniciaron entonces su lucha por dos frentes: el judicial y el de la acción directa. El Hospital San Agustín denunció en los juzgados de Avilés el envenenamiento hoy hace un año. Dos días después se abrió un sumario en el que se personaron varios trabajadores afectados y el sindicato Comisiones Obreras. La causa penal ha paralizado la acción administrativa. El inspector de trabajo Alberto Paramio presentó en julio su informe sobre el accidente. En él determinó que la intoxicación por mercurio se debió a una serie de irregularidades "en cascada" en materia de seguridad laboral que tuvieron su origen en la incapacidad de Azsa para evaluar el verdadero riesgo que suponía la "indubitada" concentración del metal en los intercambiadores en los que trabajaban los afectados. Así, Azsa es "responsable directa, prinipal y única" de lo acontecido.
La empresa -que dirige Jaime Arias- considera, sin embargo, que evaluó correctamente los peligros. Los afectados han pasado a ser atendidos por un equipo multidisciplinar que coordina el Director General de Salud Pública, José Bruno. Este equipo, aún a fecha de ayer, insiste en diagnosticar "una posible intoxicación por mercurio" y no una "intoxicación cierta". Y los informes de Salud Laboral se encaminan al consumo excesivo de pescado. Los afectados, hartos de la falta de respuestas y acciones concretas, iniciaron el 8 de noviembre una huelga de hambre -duró 14 días- para reclamar una negociación con Azsa de las indemnizaciones, cosa que se está llevando a cabo, y el reconocimiento de su enfermedad; esto último aún duerme el sueño de los justos.
