Los barcos que pescan merluza en el Cantábrico y en el Atlántico -entre ellos la mitad de la flota asturiana-están sometidos desde el pasado mes de enero a las normas europeas que prohíben el descarte de las capturas no deseadas de peces, que hasta ahora se vienen tirando al mar. El objetivo es ir sumando más especies y otros caladeros paulatinamente hasta completar todo el calendario en 2019. La merluza es la especie de mayor valor comercial para la flota asturiana y el nuevo tratamiento de los descartes, una pesadilla para los pescadores. Los cambios vigentes a partir del 1 de enero afectan a la pesca en caladeros nacionales del Atlántico (Golfo de Cádiz, Cantábrico y zona noroeste) y en aguas occidentales, como las francesas del golfo de Vizcaya o Gran Sol.
No obstante, la normativa establece excepciones. Según explicó Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), hay que distinguir entre la flota que faena en aguas del norte (Gran Sol) y en las ibéricas. En el primer caso, la nueva política comunitaria de descartes influirá a un "grupo reducido" de barcos de arrastre y de otras artes para los que la merluza represente un 30 por ciento del total de sus capturas y utilicen mallas mayores de 100 milímetros. Respecto a la flota del caladero nacional, la normativa se aplicará a los buques para los que esa especie suponga el 10 por ciento del total de las capturas y en el caso que extraigan más de 10 toneladas de merluza y usen mallas de más de 100 milímetros.
Para el sector, la situación se complicará más a partir de 2017, cuando la regla del descarte se aplique al gallo, al rape y a lo que se conoce como "pesquerías mixtas", que son barcos que además de las especies anteriores capturan bacaladilla y bacalao. "Habrá problemas", admite Garat.
La exigencia de desembarcar los descartes implica que la tripulación debe subir al barco todo el pescado capturado, anotar las cantidades en el diario de a bordo, distribuirlo en cajas y llevarlo al puerto (donde de momento no existe infraestructura ni medio alguno para su tratamiento o aprovechamiento posterior). El Gobierno estatal defiende que la implantación de los descartes sea "progresiva" para así aminorar su efecto socioeconómico. Aboga también por buscar soluciones "para cada una de las casuísticas".
