Alcoa ha evitado pagar 116 de los 246 millones de euros que le reclamaba la Agencia Tributaria. La Audiencia Nacional ha dado la razón a la compañía estadounidense en el litigio que mantiene con el Fisco desde hace años, el correspondiente a las reclamaciones fiscales de los ejercicios 2003, 2004 y 2005. Hacienda no tiene pensado recurrir la sentencia, por lo que el fallo del alto organismo judicial es firme. Están pendiente de resolver las reclamaciones de los ejercicios 2006 a 2009.

La multinacional estadounidense recoge en su memoria anual de 2016 la evolución del procedimiento judicial. Fue en 2014 cuando trascendió que la Hacienda española reclamaba al gigante del aluminio, con fábrica en Avilés, 334 millones de dólares por unas deducciones de intereses de préstamos que la empresa habría realizado de forma inadecuada de 2003 a 2009. Según se detalló entonces en el informe de resultados del grupo, las reclamaciones tienen su origen en dos inspecciones del Fisco. Primero Hacienda puso objeciones a algunas deducciones de intereses de préstamos reflejadas por la compañía en sus cuentas de 2003 a 2005, algo que volvió a ocurrir cuando los técnicos revisaron las cifras del Impuesto de Sociedades del periodo comprendido entre 2006 y 2009. La compañía recurrió ambas resoluciones y en la primera, al menos, la Justicia le ha dado la razón y Hacienda no recurre.

"En ningún caso ha habido un procedimiento por un delito fiscal, sino una discrepancia en la interpretación de algunos aspectos de la normativa fiscal. Alcoa siempre está comprometida con el cumplimiento de la normativa vigente en los países en los que opera. Defendimos que nuestra interpretación era la correcta y parece se nos da la razón en ese sentido", señaló ayer una portavoz de la multinacional aluminera en España. Alcoa espera ahora la respuesta de la Audiencia Nacional sobre las reclamaciones fiscales de los ejercicios 2003, 2004 y 2005, que suman 130 millones de euros. Por otra parte, un juzgado de Vivero ha archivado una denuncia vecinal contra Alcoa San Ciprián por supuestos incumplimientos medioambientales.