El PP y Ciudadanos aseguraron ayer que los máximos perjudicados por la sentencia que echa para atrás el pago de facturas pendientes del Ayuntamiento por 180.000 euros son las empresas que prestaron ese servicio, ya que tendrán que devolver el dinero. "Hay una desidia por parte del PSOE y, en este caso, es lamentable que los perjudicados sean las empresas que han actuado de buena fe con el Ayuntamiento", aseveró Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz municipal del PP. También reprochó a Somos que judicialice asuntos que se "tienen que resolver dentro del Ayuntamiento", ya que fue la formación que presentó la demanda.

Para Carmen Pérez Soberón, de Ciudadanos, no es una buena noticia que la actividad política sea rectificada por sentencias: "Siempre tuvimos presente que había un margen de mejora importante en la gestión de los reconocimientos de crédito. Pero eso no debe perjudicar mas allá de lo necesario a los terceros que han dado servicios".

Llarina González, portavoz de IU, celebró el fallo del juez: "Es una sentencia contundente, establece que el Ayuntamiento ha tenido desprecio absoluto por las normas y reivindica el trabajo de toda la oposición, que denunció una práctica que desgraciadamente era demasiado habitual en Avilés". González considera que, tras este "varapalo", el PSOE tiene que dar explicaciones: "Demuestra negligencia e incapacidad para gestionar bien las cosas de un gobierno que además tuvo una actitud agresiva y desafiante". Para Agustín Sánchez, de Ganemos, la sentencia es positiva ya que avala las denuncias de la oposición y condena "una práctica irregular que se ha estado haciendo durante años".

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, afirmó que el único objetivo del gobierno al aprobar esas facturas era "no perjudicar a personas que prestan sus servicios al ayuntamiento y que no podían permanecer más tiempo sin cobrar por la obstrucción de algunos grupos políticos a los procedimientos". "La sentencia no supuso ninguna sorpresa", añadió.

La edil socialista defendió que, tanto los reconocimientos de crédito como la revisión de oficio, "están recogidos legalmente y son utilizados con normalidad por todos los ayuntamientos de España". "Esta sentencia lo que supone es tener que cumplir con un formalismo más y eso es lo que haremos", añadió.