Mieres del Camino,
David MONTAÑÉS
Se acabó la tregua. La Policía Local ha vuelto a sancionar con normalidad tras varios meses de «bolígrafos caídos». El conflicto laboral que los agentes mantienen con el Gobierno local de IU se evidenció, a partir del pasado mes de abril, en un llamativo descenso del número de multas. Desde hace unos días, los policías municipales están de nuevo dando cuenta de las infracciones. Las fuentes municipales consultadas por este diario confirmaron que los controles viales se han vuelto a activar, «incluso con más intensidad que a principios de año». Hasta finales de mes no habrá estadísticas, pero los primeros recuentos apuntan a que se están poniendo entre 10 y 20 sanciones cada día, cuando hasta hora apenas se tramitaban dos o tres expedientes cada jornada.
Los reconocibles boletines rosas que denuncian las infracciones cometidas han vuelto a aparecer en los parabrisas de los vehículos mal estacionados, una imagen muy poco vista en Mieres durante los últimos meses. Además, los agentes, cumpliendo órdenes de la jefatura, han intensificado los controles de alcoholemia en el casco urbano. Estas actuaciones permiten que la actividad de los agentes haya vuelto a los niveles de principio de año. En enero y febrero se pusieron más de 800 multas. En marzo, el recuento cayó a poco más de 300 infracciones, marcando una tendencia a la baja que se prolongó durante toda la primera y el verano.
Así, la Policía Local tramitó durante los pasados meses de julio y agosto un total de 77 sanciones, con una media de poco más de una al día. Además, un total de 22 de estas sanciones fueron firmadas por el comisario jefe, que se vio obligado a patrullar periódicamente las calles para actuar en aquellos casos de infracciones graves evitando así que se produjera un caos circulatorio. El servicio de la Policía Local ha recupera la normalidad justo a raíz de que conflicto laboral que afecta al cuerpo hubiera subido de tono. De hecho, un subinspector ha sido expedientado por incumplir órdenes. Se trata de la primera medida disciplinaria que adopta el gobierno de IU tras muchos meses de disputas y desavenencias internas. El funcionario expedientado es un veterano mando que, según el pliego de acusación, no asumió el pasado 28 de octubre, domingo, órdenes concretas. Según las fuentes consultadas por este diario, el trabajador tenía el encargo de vigilar que los puestos del mercado dominical tuvieran todos los permisos en regla. Además, debía proceder a intervenir en caso de identificar ventas en el llamado «top manta». Paralelamente, siempre según el informe de la jefatura, los agentes también tenían asignadas labores de vigilancia vial, como asegurarse de que estuvieran libres las zonas acotadas para las paradas del transporte público. Según consta en el expediente, ninguna de estas actuaciones se realizó. El policía ha sido expedientado por lo que se considera una falta grave. Podría ser suspendido de empleo y sueldo por espacio de tres meses, siempre según las fuentes municipales consultadas por este diario. El sindicato policial SIPLA ha defendido al trabajador, destacando su intachable trayectoria profesional. El funcionario niega haber desobedecido órdenes.
El desencuentro con el cuerpo de seguridad surgió a raíz de que el equipo de Aníbal Vázquez incluyera en su plan de ajuste una importante reducción salarial y la Policía Local era uno de los servicios más perjudicados, al quedar sin varios pluses. Desde entonces la plantilla ha mantenido un enconado pulso. Dejaron prácticamente de poner multas y las bajas laborales se han disparado. Las relaciones entre la Policía Local y el gobierno local están en estos momentos muy deterioradas. El Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA) y UGT denunciaron la negativa por parte del Ayuntamiento a que sus representantes utilizasen horas sindicales, una medida que ambas centrales consideraron como «muy grave» y por la que llevarán a los tribunales tanto al equipo de gobierno como al concejal de Personal, Juan José Menéndez. Los gestores de IU subrayaron que esta decisión se tomó debido a la necesidad de disponer de los citados agentes para cubrir los turnos de trabajo. El conflicto ha llegado incluso a requerir la intervención de otros cuerpos de seguridad. La Policía Nacional de Mieres investiga el sabotaje de un coche de la Dirección General de Tráfico (DGT) cedido al concejo para realizar las pruebas de alcoholemia. El depósito del vehículo apareció lleno de azúcar y la investigación apunta a que se utilizaron las llaves que custodia la Policía Local.
