El sector de la construcción urge la redacción del Plan General de Ordenación, el primero para Villaviciosa, que siempre se ha regido por normas subsidiarias. Desde hace más de una década los sucesivos gobiernos locales han trabajado en su elaboración, pero han sido incapaces de sacarlo adelante. Ahora el PSOE se ha planteado el reto de sacarlo adelante empezando de nuevo, después de romper de mutuo acuerdo el contrato con el equipo redactor.
Samuel González, administrador de Promociones y Construcciones José González, explica que la situación afecta al sector porque, por ejemplo, "hay cantidad de suelo, en teoría, urbanizable que está pendiente del plan". Es el caso de la prolongación de la calle Asturias de Villaviciosa, desde el centro de salud hasta la Ballera. Agrega que "influye hasta en algo tan sencillo como abrir una calle, que va en beneficio de los propios vecinos". Pero es que, además, comenta, "hay gente que quiere construir y no puede hacer nada. Está todo parado". Una dificultad que se acrecienta por la crisis que atraviesa el sector, porque "ni se promueve ni se construye...", lamenta González.
"Nos influye a todos los que trabajamos en la construcción o en oficios derivados, porque al estar todo parado no se puede construir", confirma Jesús Meana, que es un autónomo maliayés de este ámbito. Destaca que al estar parada la elaboración del Plan General de Ordenación "la gente no sabe si va a poder hacer una casa o no", por lo que considera que "es muy necesario que se apruebe porque crearía más puestos de trabajo". Sería muy positivo en esta situación difícil que atraviesa el ladrillo.
El arquitecto maliayés Salvador Barro se pronuncia en la misma línea: "hay una incertidumbre jurídica y quien pretende invertir o desarrollar algo, que son muy pocos, no se atreve". Además, están trabajando con unas normas subsidiarias que están "obsoletas en muchos sentidos", pues la última revisión se publicó en el BOPA en febrero de 1997. Cree que el nuevo documento "debería aportar una nueva concepción del desarrollo urbanístico. Estamos en otra época, con otras demandas y hasta otras formas de vida, por lo que las necesidades son distintas". No obstante, Salvador Barro reconoce que un Plan General de Ordenación tiene "una tramitación compleja, que lleva tiempo", al menos un mandato (4 años). Ve bien que los nuevos cambios integren el Plan Especial de la Ría en el documento general porque "es más coherente" para evitar contradicciones entre unos documentos y otros.
El PGO se aprobó inicialmente el 23 de septiembre de 2009, con Manuel Busto (URAS) como alcalde y Rogelio Estrada de edil de Urbanismo. Se suspendió la concesión de licencias durante un tiempo y los ciudadanos presentaron 1.686 alegaciones. Pero según un informe del arquitecto municipal, este documento no presenta garantías, además de que "hay que retrotraer los trabajos al principio del proceso comenzando por la elaboración de un nuevo documento de prioridades".
También es preciso incluir el Plan Especial de la Ría, rescindir el contrato con el equipo redactor y realizar una nueva contratación. Estima que se necesitarán más de dos años para aprobar un plan que ya trató de sacar adelante Asensio Martínez Cobián (PP) en su último mandato. Precisamente la planificación de unos 3.000 chalés supuso su fin político al toparse con la oposición vecinal, que aupó al equipo de gobierno al independiente Rogelio Estrada. Éste pretendía arreglar el desaguisado urbanístico, pero no tuvo tiempo a concluir el plan. En el mandato de José Felgueres (PP) no se avanzó mucho.
