Los vecinos de La Felguera de Noreña afectados por la presencia de los "Ángeles del Infierno" prosiguen con su lucha. El principal afectado por las molestias que dice que generan presentó el lunes una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Noreña porque insiste en que a pesar de que hay una orden municipal de cese de la actividad, esta asociación nunca dejó de acudir al local de la Villa Condal. No obstante, aunque la Guardia Civil recoja la denuncia, fuentes del instituto armado destacan que es un asunto de competencia municipal, que ha de resolver el Ayuntamiento.
La batalla judicial de este vecino llevó a declarar ante el juez a la alcaldesa, Amparo Antuña, y al concejal de Seguridad Ciudadana, Pelayo Suárez, por un presunto delito de prevaricación administrativa al no haber actuado supuestamente de forma correcta, pero el magistrado archivó provisionalmente la causa. Por su parte, los responsables municipales prefieren no pronunciarse al respecto.
"Hay una desobediencia evidente contra la autoridad", destaca el abogado de este vecino, Carlos Cima, que coincidió que este fin de semana presenció en primera persona la presencia de los "Ángeles del Infierno" en su local de La Felguera. Se suma a la versión del denunciante indicando que "había varios vehículos, se veía gente dentro, la barra funcionando...". Añade que avisaron a la Guardia Civil en varias ocasiones el mismo sábado y cuando acudió la patrulla ya no estaban, pero al regresar varias personas les pidieron su identificación. Finalmente, el lunes presentaron "una denuncia por desobediencia a la autoridad, que es como desobedecer una orden judicial porque es una orden administrativa firme", afirma el letrado.
El vecino afectado se queja de que lleva informando a los responsables municipales de que pese al mandato de cese de actividad, los "Ángeles del Infierno" continúan allí. La última comunicación que tuvo del Ayuntamiento es una notificación indicando que "no consta que dicha asociación lleve a cabo actividad alguna", basándose en informes de la Policía Local y la Guardia Civil. El informe agrega que "de producirse cualquier variación, se llevarían a cabo las actuaciones pertinentes".
