Madrid, Módem Press
El Consejo de Estado ha dado el «visto bueno jurídico» al real decreto de restricciones por garantía de suministro elaborado por el Ministerio de Industria para garantizar el consumo de carbón nacional por parte de las compañías eléctricas, tal y como establece el Plan de la Minería 2006-2012.
El máximo órgano consultivo del Estado estudió el texto del borrador del real decreto en su reunión plenaria del pasado 28 de enero y considera en su dictamen que «se adecua al ordenamiento jurídico español». El Consejo de Estado fundamenta su fallo en la ley eléctrica de 1997, que permite que se pueda subvencionar hasta un 15 por ciento del total de la energía generada en nuestro país para que sea producida por fuentes autóctonas, como es el caso del carbón.
El Consejo de Estado, por otro lado, «recomienda» al Gobierno central que espere a la resolución de la Comisión Europea, cuyo departamento de la Competencia investiga desde el pasado 18 de diciembre si el real decreto se ajusta a la legislación comunitaria y si las subvenciones pudiesen considerarse ayudas del Estado, para aprobar el real decreto. De cualquier manera, si el Gobierno español, como está barajando, aprueba el real decreto sin esperar el fallo de Bruselas, el Consejo de Estado cita varios antecedentes en los que se refrenda un decreto que queda condicionado a lo que luego dictamine la dirección de la Competencia de la UE, a cuyo frente estará en breve el socialista español Joaquín Almunia.
El informe elaborado por el Consejo de Estado recoge la notificación que el propio ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, entregó personalmente el pasado 18 de diciembre a la todavía entonces comisaria de la Competencia, la holandesa Neelie Kroes. En este documento, el Ministerio de Industria justifica la necesidad del real decreto por la condición de «isla energética» de España y por la condición de «no gestionables» de las energías renovables, al no poder disponer de éstas cuando más se necesitan. Por ello, argumenta Industria, «para cumplir con los compromisos de producción renovable es necesario mantener un parque de generación termoeléctrica para reforzar la garantía del suministro». Un parque termoeléctrico que da «flexibilidad» al sistema y es «imprescindible» para cubrir la demanda.
El dictamen del Consejo de Estado, con su informe favorable, se desmarca abiertamente de los emitidos en su día por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que fueron muy críticas con el mecanismo pactado entre Industria, la patronal minera, Carbunión, y los sindicatos del sector.
El Consejo de Estado, sin embargo, y pese a dar su aval inicial al nuevo real decreto, realiza también algunas críticas a Industria, por ejemplo, por no consultar una norma tan importante, «con tales consecuencias económicas y medioambientales», argumenta, con los ministerios de Economía y Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Igualmente, recomienda al Gobierno que refleje en el documento expresamente el carácter «transitorio» de la medida que se va a aprobar.
