Madrid, Modem Press
El Ministerio de Industria seguirá adelante con la tramitación del real decreto que prima la producción eléctrica con carbón nacional, pese a la batalla legal contra el texto normativo que ha emprendido el sector eléctrico, después de que Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa hayan interpuesto recursos ante el Tribunal Supremo contra la norma aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 12 de febrero, y que a día de hoy todavía no ha entrado en vigor debido a las correcciones que obligó introducir la Comisión Europea.
En el Paseo de la Castellana 160, sede del Ministerio de Industria, se aseguraba ayer que los recursos de las tres empresas eléctricas no modificarán las intenciones del equipo dirigido por Miguel Sebastián de aprobar el real decreto una vez de que este haya superado definitivamente en las próximas semanas los filtros del Consejo de Estado y de Bruselas. Y es que según explicaron fuentes ministeriales «no es extraño» que las empresas presenten recursos ante leyes que les atañen lo que no significa que se suspenda la tramitación de las mismas. «La tramitación de la ley seguirá su curso y, en su día, el Supremo decidirá», aseguraron desde Industria.
La batalla legal emprendida por las eléctricas, con la que llevaban amenazando desde hace meses, se oficializó el miércoles cuando el Boletín Oficial del Estado plasmaba en sus páginas la admisión a trámite por parte de la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo, del recurso contencioso-administrativo de Gas Natural Fenosa contra el real decreto. Posteriormente, a primeras horas de la noche, trascendieron los recursos interpuestos por Endesa e Iberdrola, y su admisión a trámite por el alto tribunal. Las tres compañías interpusieron sus demandas la pasada semana, ya que el día 28 de abril finalizaba el plazo legal para presentar recursos contra la ley aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 12 de febrero.
En cuanto a las denuncias en sí mismas, se conoce que Gas Natural Fenosa ha solicitado al Tribunal Supremo que adopte medias cautelares para que la ley no entre en vigor hasta que el propio tribunal dicte una sentencia, lo que es muy probable que no suceda antes de un año. Mientras que Endesa no incluye en su denuncia esta petición de paralizar la tramitación de la ley e Iberdrola no quiso aclarar si exige estas medidas cautelares en la suya. Así las cosas, la Sala Tercera del Tribunal Supremo deberá decidir en las próximas semanas si adopta las medidas cautelares que solicita Gas Natural e impide la entrada en vigor del real decreto mientras se sustancian las denuncias.
Desde las tres compañías eléctricas apenas se quisieron especificar ayer los extremos de sus escritos y se limitaron a afirmar que el decreto «ataca el libre mercado y beneficia a un tipo de tecnología de generación en detrimento de otras», como son las centrales de ciclo combinado (gas), fuel y las que utilizan carbón de importación. Argumentos que han venido manteniendo desde hace semanas el Presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, o el Presidente y el Consejero Delegado de Gas Natural, Salvador Gabarró y Rafael Vilaseca, que han criticado con dureza el real decreto desde que se conocieron sus términos allá por noviembre del 2009.
Endesa, sin embargo, que al menos públicamente había venido siendo menos beligerante con el real decreto que las otras dos compañías, decidió interponer sus denuncias a raíz de las modificaciones que la Unión Europea obligó a Industria a introducir en el texto legal. Bruselas aceptó las ayudas a la producción eléctrica con carbón nacional, pero no las compensaciones, el denominado lucro cesante, que iban a recibir las centrales de gas, fuel y carbón de importación como consecuencia de su menor actividad al tener preferencia para entrar en la red de distribución las diez centrales que quemarán carbón español. En la nueva redacción del real decreto Industria eliminó pues estas compensaciones lo que ha sido considerado inadmisible por Endesa, que curiosamente es propietaria de cuatro de las diez centrales térmicas que se beneficiarían de las ayudas al carbón español, por tres de Gas Natural Fenosa y una de Iberdrola.
Por su parte, el sector del carbón, que se encuentra en una situación límite tras llevar ya más de un año sin que estas empresas que ahora denuncian el real decreto compren el carbón que se extrae de las minas españolas, contempla con inquietud la situación toda vez que esperan desde hace meses la aprobación definitiva del mecanismo para poder dar salida al mineral almacenado y que todavía hoy siguen extrayendo de las explotaciones. De cualquier manera, fuentes de la patronal Carbunión mostraban ayer su pleno convencimiento de que la legislación ampara el real decreto que pactaron en su día la Administración, los empresarios y los sindicatos, como, por otra parte, ha reconocido Bruselas al aceptar las ayudas por considerar que éstas se adecuan a la posibilidad que tiene cada estado de primar hasta el 15 por ciento de la electricidad generada en un país si es a partir de fuentes autóctonas.
