Las comunidades autónomas fueron creadas para acercar la administración al ciudadano y lograr con ello mayor eficacia y transparencia en términos democráticos. Pero esa descentralización del poder iniciada a partir de 1977 ha perdido crédito entre los ciudadanos en años recientes, como consecuencia de usos y abusos, incoherencias, insolidaridades o arbitrariedades. La última gira por Bruselas del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha sido al tiempo un buen ejemplo de todas esas malas prácticas que causan perplejidad en los ciudadanos españoles, además de perjudicarles, incluidos a los gallegos.

La política comercial exterior, como desde el principio la agraria y la pesquera, son competencia exclusiva de la UE, que en los últimos tratados ha ganado también terreno en las políticas de competencia, cohesión y, desde el Tratado de Lisboa, energética. Quizá por ello, Feijóo se ha presentado en Bruselas con una lista de reivindicaciones no solo imposibles, sino incompatibles. Van desde mantener los fondos de cohesión, aunque Galicia supere el 75% de renta media comunitaria, frenar las importaciones comunitarias de atún en conserva procedente del mercado asiático, lograr estímulos económicos para las asociaciones de cooperación transfronteriza y, sobre todo, frenar el llamado Decreto del Carbón pese a que ha sido promulgado por el Gobierno español y autorizado por la Comisión.

Por creer que afecta a las centrales térmicas eléctricas de Meirama y As Pontes, así como a algunos transportistas del carbón importado, la Xunta ha presentado recursos ante Estrasburgo y los tribunales españoles. Poco le importa que la paralización del Decreto amenace con cerrar centrales y minas con 10.000 empleos directos, amén de destruir los empleos de otras diez centrales solo preparadas para consumir carbón español, extender el paro a otros 30.000 empleos entre directos e inducidos de cinco comunidades autónomas que apoyan el Decreto (Castilla y León, Asturias, Andalucía, Aragón y Castilla La Mancha).y evitar que cuando los precios del carbón importado vuelvan a ser superiores a los nacionales como en la etapa 2005-2008 ya no tengamos centrales térmicas y se encarezcan las tarifas eléctricas de todos los españoles o incluso se vea afectada la seguridad de suministro.

Tras esa insolidaridad de la Xunta, en cuya vecindad se acaba de aprobar los últimos días la regulación de empleo para 1.900 trabajadores de las minas, Feijoo intenta mantener para el periodo 2014-2020 los 5.600 millones de los fondos estructurales y de cohesión, pagados en buena parte por contribuyentes de las cinco citadas autonomías y de la decena de países europeos que tienen minas de carbón. Pero ya no podría proceder ese dinero de los tres euros que genera de recaudaciones fiscales y de pagos de Seguridad Social cada euro pagado a los mineros de zonas vecinas.

Hubo hueco en la agenda de Feijoo para tratar otras cuestiones «preocupantes» para su Ejecutivo, como la entrada de atún en conserva procedente del mercado asiático y que «no está cumpliendo las normativas europeas a las que se obliga a las conserveras» comunitarias. ¿Acaso ejerce la Xunta sus competencias para evitar que el carbón importado contamine más que el nacional o que los miles de millones de euros dedicados por la UE a la investigación de carbón limpio o con cero emisiones de CO2 hayan cumplido su objetivo cuando no exista carbón autóctono en España ni en Europa?

A la Xunta le preocupa el incumplimiento de las normas sobre conservas, pero no las condiciones laborales de muchas de las minas en las que se extrae el carbón de importación, ignorando además que el consumo de carbón nacional viene ordenado por el Plan de Reserva Estratégica desde el año 2006 y hasta el año 2012, compromiso de consumo ya incluido en el anterior Plan 1999-2005, suscrito por el anterior gobierno del Partido Popular al que pertenece su gobierno. Igualmente, el artículo 11.4. de la recientemente revisada Directiva europea 2009/72/EC, aprobada por el PP europeo, establece que, "por motivos de seguridad del suministro, los Estados miembros podrán disponer que sea preferente la entrada en funcionamiento de las instalaciones generadoras que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas en una proporción que no supere, en el curso de un año civil, el 15% de la cantidad total de la energía primaria."

No ignora la Xunta que este segmento del mercado eléctrico siempre estuvo comprometido por los sucesivos Planes del Carbón, al igual que no está en el mercado libre la energía producida en régimen especial, de la que la Comunidad Gallega es líder nacional a través de sus parques eólicos. Nadie cuestiona en ese caso, y menos ante los tribunales, que distorsionen el mercado eléctrico, puesto que por una regulación específica no están obligadas a competir con las demás energías y su entrada en el sistema es preferente.

Tampoco debe ignorar la Xunta que, debido a una situación extraordinaria de alzas en el precio de todos los combustibles previa a la crisis económica mundial, la UE no autorizó el incentivo al consumo de carbón operante desde 1999, por considerarlo innecesario, pues el carbón nacional se vendía mucho más barato que el de importación. Pero la caída de precios de todas las materias primas, unida a la citada desaparición del incentivo, derivó luego en la cancelación de los contratos de suministro por parte de las eléctricas.

En consecuencia, el Decreto que con tanta inconsistencia como incoherencia y mala memoria cuestiona Feijoo es puro cumplimiento de la garantía de consumo a que obliga el Plan, aunque adaptada a las exigencias comunitarias en esta materia y plenamente compatible con ellas, como acaba de hacer público la Comisión en una decisión argumentada en 50 folios. Culpabilizar a estas normas de que las centrales gallegas de As Pontes y Meirama no tengan las horas de funcionamiento que todos deseamos es tan injusto como si los productores de carbón culpáramos a los parques eólicos gallegos de la grave crisis que en el último año hemos padecido y que ha puesto en riesgo la continuidad de 40.000 empleos y el sustento de 180.000 habitantes de las comarcas mineras españolas.

Prueba de que el carbón autóctono no es culpable del parón de las centrales gallegas, está en el escaso funcionamiento que tuvieron el último año, a pesar de no consumirse carbón nacional. También podrán comprobar el inusitado crecimiento del gas pese a la crisis, debido a unos compromisos de compra en Argelia bajo la modalidad de "take or pay" (se paga con independencia de su consumo), verdadera causa de tal inactividad, lo que sí está distorsionando el mercado eléctrico, mientras que la Xunta mira a otra parte.

Ignora esta también los beneficios que la Comunidad Gallega ha obtenido del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012, ayudas para prejubilaciones de los mineros de As Pontes y Meirama, para Infraestructuras de los Municipio Mineros, para formación y becas, y para actividades empresariales alternativas. Ese esfuerzo de solidaridad lo aceptamos todos los firmantes (Administración Central, Sindicatos Mineros y Carbunión) y ahora no se ve correspondido con la iniciativa de recurrir el Decreto. Esfuerzo que el sector del carbón no ha cuestionado, aun a sabiendas de que no es exigible a una parte el cumplimiento de un acuerdo que otra trata de bloquear.