Mieres / Langreo, L. M. D.
El frente común en defensa de la minería ya es una realidad. Gobiernos regionales, sindicatos, patronal del sector, concejos e ingenieros de minas han suscrito una declaración en la que exigen, tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea, la continuidad de la actividad extractiva más allá de 2018, fecha límite puesta por la UE para el cierre de las minas de carbón no competitivas.
El documento ha sido firmado por los gobiernos del Principado de Asturias, Castilla y León, y Aragón, la patronal de la minería Carbunión, la Federación de Industria de CC OO de España, Asturias y Castilla y León, la Federación de Industria y de Trabajadores Agrarios de UGT (FITAG-UGT), el SOMA-FIA-UGT, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España y la Asociación Comarcas Mineras de España (Acom). Todos ellos critican la decisión del Consejo de la UE del 10 de diciembre de 2010, en la que se liga la continuidad de las ayudas a las minas de carbón a su cierre antes de 2018, «lo que supone, en la práctica, liquidar la totalidad del sector minero en España». La decisión «agudiza la dependencia energética de España» y además, según los firmantes, «ignora los esfuerzos inversores en I+D+i en el campo de la captura y el almacenamiento de CO2, que están impulsando el desarrollo de tecnologías que permitirán reducir significativamente el impacto medioambiental del uso del carbón en las centrales térmicas».
Todos los firmantes del documento han acordado constituir una «mesa interterritorial "Carbón con futuro"», un «organismo estable para defender la viabilidad del carbón español tanto ante las instituciones europeas como en España». A nivel nacional, se exigirá que los grandes partidos incluyan, dentro de sus prioridades, «la defensa explícita del carbón español y de la actividad minera más allá de 2018».
Al Gobierno estatal le reclamará la aprobación inmediata de la orden de ayudas a la minería del carbón de 2011 y 2012 (faltan por otorgar las del último trimestre de este año y las del próximo); la prórroga del Real Decreto de restricciones por garantía de suministro (que obliga a las eléctricas a consumir carbón nacional); la planificación temporal de los proyectos con fondos del Plan 2006-2012 (es decir, que se haga un calendario «realista» de las inversiones que faltan de fondos mineros de estas anualidades) y el mantenimiento del sector carbonero con el volumen actual de actividad, sin que se acometa ninguna reducción más (no más cierres).
A nivel continental, las comunidades, sindicatos y asociaciones firmantes exigirán en la UE que garantice a los países productores (Alemania, España, Polonia, República Checa, Rumanía) el mantenimiento de un porcentaje de hasta el 15% de producción de electricidad con carbón autóctono; desarrollar una acción conjunta en el Parlamento Europeo para situar la actividad minera europea en una situación de liderazgo mundial en tecnología y seguridad e impulsar una modificación de la Directiva sobre Almacenamiento Geológico de dióxido de carbono donde se regule un tratamiento específico para el «carbón autóctono verde».
La alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán, que ejerció como portavoz de Acom-España, explicó que el acuerdo en defensa del carbón nacional se ha hecho llegar, además de a las propias instituciones participantes, «a los grandes partidos políticos» -desde el próximo 20 de noviembre, tras las elecciones, habrá nuevo Gobierno-, al Ejecutivo central y «ha comenzado a circular por Europa de mano de los europarlamentarios de Asturias, Aragón y Castilla y León». Estos eurodiputados también buscarán «apoyos en otros países productores», como Alemania, Polonia o Rumanía. «Y posteriormente», añadió Ana Luisa Durán, «el de más países miembros, porque para modificar estas normativas es necesario el apoyo de los 27».
