Las dos principales empresas carboneras de Victorino Alonso -Coto Minero Cantábrico y Unión Minera del Norte (Uminsa)- sumaron el pasado año unas pérdidas superiores a los 60 millones de euros. La delicada situación económica de las dos compañías, con centros de trabajo en Asturias y Castilla y León, ha llevado a sus responsables a solicitar en la jornada de ayer en los juzgados de Madrid el preconcurso de acreedores para ambas. Este mecanismo permite al Grupo Alonso contar con cuatro meses de margen para negociar con sus acreedores (bancos principalmente) la refinanciación de la deuda, al tiempo que se blinda ante posibles solicitudes de embargos. El empresario leonés no descarta que la petición del concurso se extienda a otras firmas del grupo.

«Esta medida» -remarcaron ayer desde el Grupo Alonso- «es la única alternativa para salvaguardar de la mejor forma posible los intereses de sus trabajadores, de sus acreedores y, en definitiva, de ambas compañías». Las minas de Alonso, tanto de interior como de cielo abierto, dan trabajo a unas 300 personas (sin contabilizar las subcontratas) en Ibias, Degaña y Tineo. El volumen total de la plantilla en Asturias y Castilla y León ronda los 1.400 trabajadores, descontando los mineros afectados por los ERE de extinción.

Responsables del principal holding carbonero del país precisaron que el retraso en el cobro de las ayudas a la producción correspondientes a 2012 -49 millones de euros que el Ministerio de Industria mantiene bloqueados por impagos a la Seguridad Social- es una de las principales causas de las dificultades que atraviesan Coto Minero y Uminsa, aunque rechazaron que se haya planteado el preconcurso como «medida de presión» para forzar al Gobierno a pagar.

«La situación de imposibilidad de hacer frente a sus compromisos, viene provocada por la denegación, el pasado día 1 de marzo, de las ayudas correspondientes al año 2012; por la drástica reducción de su producción vendible para el corriente año 2013 y por la impugnación que las compañías eléctricas han anunciado de la resolución de restricciones por garantía de suministro (las primas al consumo de mineral autóctono)», aseguraron los representantes del Grupo Alonso, para añadir a continuación: «La conjunción de estas contingencias, impide "de facto" a ambas empresas, suministrar su producción y, con ello, la obtención de ingresos procedentes de la facturación».

Las mismas fuentes argumentaron que la actual situación «se venía venir desde que el Ministerio de Industria empezó a retrasar el pago de las ayudas, con sucesivos y cambiantes argumentos». No obstante, precisaron que «no cabe en modo alguno interpretar» la petición del preconcurso de acreedores como un mecanismo de presión «ya que nadie se acoge a una medida tan extrema por el simple hecho de hacer presión».

Por otro lado, el senador de Foro Isidro Martínez Oblanca ha exigido en el Parlamento información sobre las ayudas concedidas a Alonso entre 2004 y 2012.