Cuatro de los seis acusados de lanzar cohetes, tornillos y otros objetos contra la Guardia Civil en una barricada realizada en junio de 2012 en Caborana (Aller), durante la huelga minera, pactaron ayer penas de entre seis meses y año medio de cárcel tras la vista celebrada en el juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo. Los otros dos acusados decidieron seguir adelante con el juicio defendiendo su inocencia. Tras la toma de declaraciones, tanto a ellos como a los testigos, la fiscal decidió retirar la acusación contra uno de ellos, mientras que mantuvo su petición de tres años de cárcel para el último acusado. La abogada defensora pidió la absolución de su cliente.

La vista estaba fijada para las once y media de la mañana, pero no comenzó hasta una hora más tarde. F. V., L. G. A., I. J. y A. J. admitieron los hechos y aceptaron una condena que les evitará entrar en prisión. F. V. y L. G. pactaron un año de cárcel por un delito de desórdenes públicos, mientras que A. J., que padece un retraso mental leve, lo que le bastó como atenuante, aceptó seis meses de cárcel. Por último, I. J., el único minero de los seis acusados, aceptó una pena de un año de cárcel por el delito de desórdenes públicos y seis meses más por resistencia a la autoridad. Después comenzó el juicio con los dos acusados restantes.

El primero en declarar fue E. L., que en verano de 2012 trabajaba como electricista en una empresa con sede en el polígono de Caborana, junto al pozo Santiago, entorno en el que sucedieron los hechos. El acusado aseguró que "me dirigía a mi trabajo y, al ver la barricada, aparqué el coche esperando a que se abriese la carretera". Según explicó, se pasó toda la mañana en el bar ubicado junto a la explotación minera hasta que se acabaron las cargas policiales y decidió acudir a su trabajo a pie. "Cuando iba por la carretera, a medio camino de mi trabajo, llegó una furgoneta blanca y bajaron dos agentes que me detuvieron". Ya en el interior, tal y como apuntó, los agentes "se iban vanagloriando de que habían detenido a cinco".

El segundo acusado, A. S. que reside en unas viviendas situadas junto al pozo, era estudiante durante ese verano. "Salí de casa y fui al bar junto al pozo, después, no podía regresar a mi casa porque la Policía estaba tirando cargas e intenté ir por otro lado para evitarlas". En ese momento, según su declaración, "llegó un furgón, bajaron los agentes y me detuvieron, les dije que no tenía nada que ver, que era estudiante, y me dijeron que entonces estaba en el lugar equivocado".

Tras declarar los acusados, lo hicieron los testigos. Las primeras en hacerlo fueron dos trabajadoras del pozo Santiago que aseguraron haber visto a E. L. caminando por la carretera en dirección al polígono de Caborana. "Le dijimos que se quitara la carretea, que le iba a coger la policía, pero no nos hizo caso, nos dijo que iba a trabajar, que no había hecho nada", aseguraron las testigos. También acudió el propietario del bar junto al pozo, que aseguró que E. L. había estado en su establecimiento ese día. La misma versión que relató un compañero de trabajo al que le había ocurrido lo mismo que al acusado cuando intentó llegar a su puesto laboral. Por último, declaró un fotógrafo de una agencia de noticias que había hecho una fotografía en la que se veía cómo detenían a A. S., donde se apreciaba que no estaba en las barricadas sino junto al resto de vecinos que habían presenciado los incidentes. Por último declararon los agentes que habían realizado los arrestos. Las declaraciones fueron por videoconferencia con León, Jaén y Menorca. Ninguno de los agentes recordaba los hechos con exactitud y se ciñeron al atestado que habían realizado durante los hechos y en el que aseguraban que los detenidos estaban en el entorno de las barricadas y que les habían lanzado objetos.

En las conclusiones, la fiscal retiró la acusación contra A. S. señalando la imagen realizada por el fotógrafo, en la que se probaba que no estaba en las barricadas, como prueba definitiva de su inocencia. No ocurrió lo mismo con E. L. para el que mantuvo su petición de tres años de cárcel asegurando que las declaraciones de los testigos "sólo ofrecen versiones de hechos puntuales y lo cierto es que estuvo allí y fue detenido". El juicio quedó visto para sentencia.