El Gobierno tendrá que pagar 50 millones de euros de las ayudas a la producción de carbón del año 2012 a las empresas Uminsa y CMC, pertenecientes entonces al grupo Alonso, propiedad del empresario leonés Victorino Alonso. La Audiencia Nacional ha anulado las resoluciones que en el año 2013 dictó el Ministerio de Industria denegando las ayudas a estas dos compañías, una de ellas, Coto Minero, que hoy ha desaparecido.
En concreto, Uminsa debía haber percibido 19.817.161 euros y 29.332.620 euros en el caso de CMC. El Instituto del Carbón denegó entonces los pagos aludiendo a que ambas empresas no estaban al día en los pagos a la Seguridad Social en el momento de efectuar la solicitud, argumento que ahora desdice la Audiencia Nacional, que considera que sí lo estaban cuando se convocaron las ayudas.
La sentencia obliga a la aprobación del desembolso en un acuerdo del Consejo de Ministros. El grupo Alonso, por su parte, ha asegurado que va a iniciar una reclamación de responsabilidad patrimonial al Gobierno, ya que aquel impago obligó a que Uminsa entrara en concurso de acreedores y a que CMC iniciara su liquidación.
CC OO reclamó ayer responsabilidades políticas al Gobierno, ya que, según el responsable de minería, José Luis Villares, la decisión de no aprobar las ayudas se hizo con conocimiento "de que era ilegal". Por su parte, el secretario general de SOMA, José Luis Alperi, deseó que el Gobierno pague cuanto antes estas ayudas.
