Las noticias en torno al futuro del sector minero siguen sin ser positivas. Al rechazo de la Unión Europea al plan del Carbón 2013-2018, y al enorme retraso que acumula el Gobierno del PP en la puesta en marcha de un mecanismo para favorecer el consumo de carbón nacional se suman ahora los reparos de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) respecto a la medida que Industria tenía pensado impulsar para promover que las centrales térmicas consumiesen mineral autóctono. La llamada "orden ministerial de pagos por capacidad", que era la fórmula bajo la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretendía dar un pequeño balón de oxígeno al carbón no es del agrado de la CNMC, que entiende que ni está justificada, ni se puede concebir como un mecanismo de capacidad ni medioambiental, y que además, tampoco descarta que la UE la pueda considerar como una "ayuda de Estado", prohibidas por Bruselas.

En las conclusiones de un informe emitido el pasado 30 de septiembre por la Comisión, el organismo, cuyo documento, eso sí, no es vinculante, pone de manifiesto que "la medida propuesta consistente en el reconocimiento de un derecho a la percepción de una cantidad a las centrales que consumen carbón autóctono para su adecuación a las normas medioambientales, no está justificada en cuanto a su necesidad y proporcionalidad".

Además, la CNMC entiende que no puede ser concebida como un "mecanismo de capacidad". En su informe, explica que de ser así, este mecanismo "debe orientarse a resolver un problema de cobertura de la demanda o de disponibilidad de potencia suficiente firme y flexible en el medio o largo plazo y no a garantizar la disponibilidad de un recurso gestionable autóctono".

La Comisión Nacional tampoco creo que el mecanismo suponga una ayuda medioambiental, ya que asegura que "el objetivo de las ayudas" de este tipo "es incrementar el nivel de protección del medio ambiente en comparación con el que se lograría si no existieran, lo que hace imposible justificar las ayudas a unas centrales de carbón autóctono que podrían desplazar al despacho de centrales más eficientes desde un punto de vista medioambiental", como es el caso de "los ciclos combinados".

La medida que ha preparado el Gobierno también recibe otro varapalo respecto a su legalidad, ya que el informe de la CNMC advierte de que la misma está enfocada a promover ayudas para garantizar la permanencia de las centrales de la minería. Este factor "podría considerarse una extensión del anterior mecanismo de restricciones por garantía de suministro , y por tanto, ser contrario a lo previsto en la Decisión de la Comisión Europea sobre su compatibilidad que la limitaba excepcionalmente hasta diciembre de 2014", advierte el informe.

Por último, la Comisión no descarta de que la orden ministerial de pago por capacidad pueda considerarse como "ayuda de Estado", prohibida por la Unión Europea. Por ello, recomiendan al Gobierno de Mariano Rajoy de que si no opta por un replanteamiento de la normativa redactada, "se proceda a su notificación a la Comisión Europea, suspendiendo su ejecución hasta que se remita la oportuna autorización" desde Bruselas.

Además, en el documento, la CNMC también criticó el anterior mecanismo, conocido como Decreto del Carbón, impulsado por la administración Zapatero en 2010 y que, durante cuatro años, primó el consumo de carbón nacional por parte de las eléctricas.