El gobierno de Mieres ya sabe cuánto le costará abonar las indemnizaciones a los trabajadores del plan de empleo de 2015 que denunciaron judicialmente al Ayuntamiento tras realizar tareas propias del personal fijo municipal percibiendo por ello sueldos sensiblemente inferiores. Algo más de medio millón de euros recibirán, en global, los 31 trabajadores que reclamaron por vía judicial su reincorporación al Ayuntamiento. De esta forma se evitará que estos desempleados pasen a engrosar la plantilla laboral del consistorio, pero el coste económico será alto.
La intención del gobierno local es abonar las indemnizaciones en breve. De hecho, la partida ya está incluida en el borrador presupuestario que han elaborado los gestores de IU y que próximamente será trasladado a los grupos de la oposición para su debate político y aprobación. La cantidad final supera, por muy poco, el medio millón de euros. A esta cantidad habrá que sumar las devoluciones pendientes de pago a los trabajadores laborales que en su momento también acudieron a los tribunales, igualmente con éxito, para reclamar los conceptos salariales que les fueron suspendidos en el plan de ajuste de 2012. En este caso la cuantía de la cantidad aún no ha trascendido, pero casi con toda seguridad superará los pagos pendientes de pago a los trabajadores del plan de empleo.
El Ayuntamiento de Mieres tiene sobre la mesa un total de 190 denuncias laborales. Todas estas reclamaciones tiene un marcado contenido salarial. Por un lado están los citados 31 trabajadores del último plan de empleo que han reclamado por vía judicial su reincorporación al Ayuntamiento. Luego están los 125 trabajadores laborales que exigen la devolución de conceptos salariales suspendidos hace tres años. Más de ochenta de estas reclamaciones han sido atendidas por los Juzgados y el Ayuntamiento ya las tiene recurridas. Al igual que con los contratos del plan de empleo, el gobierno local tiene asumido que al final tendrá que pagar. Donde el Ayuntamiento tiene más posibilidades de salir indemne es con los 34 funcionarios que han seguido el camino de sus compañeros laborales y han demandado la devolución de conceptos salariales suspendidos. De momento, que se conozca, sólo hay una sentencia, favorable al Ayuntamiento mierense.
El Ayuntamiento aprobó en 2012 su plan de ajuste, para hacer frente a su pesada deuda, con un recorte salarial que si situó en 1,4 millones de euros anuales. Gracias a ello el gobierno local ha logrado sanear las cuentas, evitando tener que afrontar regulaciones de empleo. Toda esta planificación, según IU, está ahora en peligro, ya que los tribunales han desautorizado las medidas adoptadas.
En este contexto, el gobierno de Mieres decidió a principios de año renunciar a convocar el nuevo plan de empleo autonómico para evitar una nueva cascada de denunciar a su termino.
