16 de marzo de 2016
16.03.2016

Los trabajadores del Soft Computing pedirán al juez la nulidad de sus despidos

El Principado anuncia que aceptará la decisión que tome el TSJA y asumirá la responsabilidad económica a la que pueda ser condenado

16.03.2016 | 02:32

La plantilla del extinto centro europeo de Soft Computing, que se ubicaba en el edificio de investigación del campus de Mieres, solicitarán al juez la nulidad del acuerdo que alcanzaron con el patronato que gestionaba las instalaciones para su posterior despido. Una nulidad para la que alegan "fraude, engaño y abuso del derecho", ya que no se cumplió el compromiso del pago de las indemnizaciones, que era de unos treinta días por año trabajado. De obtener la razón, el patronato, formado a partes iguales por el Principado y la Fundación Bancaria Cajastur, tendrá que abonarlas la indemnización máxima que se recoge en el estatuto de los trabajadores, ya que se haría imposible readmitirlos. De momento habrá que esperar hasta que se celebre el juicio, que tendrá lugar el próximo viernes por la mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Mientras llega el día, el futuro de estos trabajadores volvió a debatirse ayer en la Junta General del Principado. Se celebraba una comisión de Empleo, Industria y Turismo y el grupo parlamentario de Podemos había solicitado la comparecencia del director General de Innovación y Emprendimiento, Francisco José Delgado Rivero. La diputada de Podemos Lorena Gil explicó que la petición respondía a que Delgado Rivero había ocupado la vicepresidencia dentro del patronato de la Fundación para el Progreso del Soft Computing, el puesto más alto del Principado en la entidad. "Nuestra intención era conocer por qué el representante legal del Principado acordó con los trabajadores el pago de una indemnización que finalmente no han podido tramitar", explicaba la diputada.

El director de Innovación y Emprendimiento se remitió al juicio del próximo viernes dando cuenta de que el Principado se ajustará a la decisión del juez y asumirá la responsabilidad judicial. Palabras similares a las que unos días antes había pronunciado el consejero de Economía, Francisco Blanco, durante su comparecencia en el Pleno de la Junta General del Principado, quien había señalado que por un lado estaba la voluntad política de pagar esas indemnizaciones y, por el otro, estaba el aspecto legal. Y es que el representante del Gobierno regional había señalado que, a pesar de que se había acordado el pago a los trabajadores, existían unos informes del Principado que impedían hacer efectivo el pago.

"La verdad que nos parece responsable, ni por parte del Consejero ni tampoco por el director general", aseguró Gil, señalando que "sí nos consta que se han mostrado abiertos para hablar con los trabajadores, pero después de lo ocurrido, estos últimos se sienten engañados". Otro aspecto destacado por la diputada de Podemos es la "normalidad" con la que el Principado asumió la posición de la Fundación Bancaria Cajastur "que se ha desvinculado del acuerdo, comprometiéndose el Ejecutivo autonómico a pagar el total de las indemnizaciones en solitario".

Lorena Gil aseguró ayer que "llegaremos hasta el fin con este asunto, porque sigue habiendo varias cosas en la gestión que seguimos sin entender". Mientras tanto, esperarán a ver cómo avanza la situación de los trabajadores desde el punto de vista judicial.

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