Los trabajadores del extinto centro europeo de Soft Computing acudirán de nuevo a los tribunales si el patronato que gestiona la entidad decide reintegrarlos en su puesto de trabajo. Una situación que, como destacó Sergio Damas, que representa a la plantilla, "sería totalmente irregular, ya que la empresa está en liquidación, no hay lugar al que reincorporarse y tampoco hay trabajo que hacer".

De momento no hay una decisión tomada o, al menos, no se ha comunicado oficialmente a los trabajadores. Aún así, las declaraciones que hizo el consejero de Empleo, Francisco Blanco, el pasado jueves, en el Pleno de la Junta General del Principado, ya iban encaminadas a que ése podría ser el camino que tome el patronato. La otra opción, como destacó Damas, es "dar cuenta de la imposibilidad de reincorporar a los trabajadores" y aceptar el pago de la indemnización máxima por despido improcedente según el estatuto de los trabajadores, que es de 45 días por año trabajado. Francisco Blanco afirmó que el patronato no podía aceptar esta última opción porque al no tener el dinero suficiente para abonar las indemnizaciones, los patronos podrían incurrir en responsabilidades personales. Si bien el representante de la plantilla aseguró que "sería una irregularidad optar por esa vía".

Damas se mostró "sorprendido" de que el consejero de Empleo responsabilizase a los trabajadores de la situación en la que están, señalando que fueron ellos los que pidieron la nulidad de los despidos. "La demanda recalcaba tanto la improcedencia de los despidos como la nulidad y fue el tribunal quien apreció que había más hechos probados para la nulidad que para la improcedencia", explicó el investigador.

La petición de nulidad, en los casos de que la empresa se encuentre en un estado tan avanzado de la liquidación -como es el caso del centro europeo de Soft Computing-, está recogida en el estatuto de los trabajadores, como apuntó Damas, cambiándose por la máxima indemnización por despido ante la imposibilidad de reincorporación del empleado. Las palabras del consejero tachando de "error" la postura judicial de los trabajadores "es ridículo, es como si alguien comete un delito, otro lo denuncia y el culpable es este último, nosotros fuimos los engañados, además de cometerse varias irregularidades".