El Ayuntamiento de Mieres cerró filas ayer con la empresa municipal de transportes, Emutsa, frente al Montorazo del Gobierno central que pretende la liquidación de la compañía pública. El Pleno aprobó ayer una moción en la que exigen al Ejecutivo que cese en su intento de cerrar Emutsa bajo la premisa de que "presta un servicio social, por encima de la rentabilidad económica". La propuesta contó con el respaldo del IU, PSOE y Somos. El PP, por su parte, se abstuvo.

La concejala de Transporte de Mieres, Delia Campomanes, destacó que la ley que ampara la disolución de la empresa municipal de transportes "va en contra de los intereses de la ciudadanía y pone en peligro la democracia local". Palabras que compartió también el concejal del PSOE Eduardo Martín Fernández, quien recalcó el "incuestionable servicio" que la compañía hace a la ciudadanía. Por su parte, Montse Palacios, portavoz de Somos, resaltó que "es inaceptable que quieran acabar con Emutsa, los servicios públicos tienen que ser rentables también desde el punto de vista social y medio ambiental".

El portavoz del PP, José Manuel Rodríguez, quiso explicar su abstención manifestando, ante todo, "nuestro apoyo a los trabajadores de Emutsa y al transporte urbano como eje vertebrador para el concejo". Ahora sí, el popular denunció el uso "partidista y alarmista" del equipo de gobierno de IU con esta cuestión. "La carta del Ministerio llegó el 21 de julio al Ayuntamiento, pero no se nos informó hasta el 2 de agosto, tampoco se nos dio documentación alguna", apuntó Rodríguez, defendiendo, por otro lado, que el problema con Emutsa tiene origen en la ley de estabilidad presupuestaria, a la que el Ayuntamiento se acogió para sanear sus cuentas, "pero que no era obligatoria". El popular explicó que esa ley "ya señalaba que las empresas públicas que fuesen deficitarias tendrían que cerrar, así como el plazo estimado". Por ello, "el Ministerio sólo cumplió los plazos y la ley". En cuanto a Emutsa, el popular también destacó que el Ayuntamiento "no tiene obligación de mantener la empresa pública desde el año 2000, cuando bajamos de los 50.000 habitantes". Aún así, no se mostró partidario de su cierre, pero sí de su reorganización, "adaptada a la situación actual del concejo".

Las palabras del portavoz del PP tuvieron contestación del alcalde, Aníbal Vázquez, quien defendió que el Ayuntamiento se acogió a la ley de estabilidad presupuestaria "porque era una obligación, a pesar de que ni siquiera pudimos negociar los intereses que tuvimos que pagar por el préstamo del Gobierno". En cuanto a la no obligatoriedad de mantener Emutsa por la bajada de población, el regidor señaló que "claro que sabemos que no estamos obligados, pero a pesar de que ha bajado la población, no los pueblos, tenemos más de cuatrocientos y la misma superficie, por lo que hay que seguir ofreciendo el servicio". Vázquez también resaltó que la aportación que precisa la empresa pública de transportes para su mantenimiento, de unos 700.000 euros, "es completamente asumible por el Ayuntamiento, eso lo tienen que ver en el Ministerio y dejarnos que sigamos manteniendo el servicio de Emutsa".

El tema de la empresa municipal de transportes centró la sesión plenaria de ayer donde también se trataron otros asuntos como la mejora de la plaza de abastos en cuestiones de accesibilidad o la realización de una bolsa de trabajo para el acceso a las plazas de educación infantil en la que está trabajando el Ayuntamiento.