Los problemas generados con los planes locales de empleo, tras renunciar seis concejos asturianos a desarrollarlos ante su "inseguridad jurídica", están siendo estudiados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esta entidad analiza una solución para que estos programas dispongan de protección legal y puede permitir su continuidad en el tiempo. La conflictividad que estos planes laborales impulsados por el Principado están ocasionando en Asturias y otras provincias españolas fue analizada el pasado jueves en Madrid por la comisión de Desarrollo Económico y Empleo de la entidad, que estudia diversas fórmulas jurídicas que blinden su legalidad ante posibles denuncias de extrabajadores.

Esta problemática fue trasladada en los últimos meses por parte del alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández Rodríguez, vocal y representante del grupo socialista en esta mesa. El jueves se trató por primera vez en la reunión y se volverá a analizar en próximos encuentros de la comisión, que tienen carácter trimestral. Tanto San Martín del Rey Aurelio como Langreo, Mieres, Siero, Avilés y Valdés se han visto obligados a renunciar a las subvenciones de los planes locales de empleo debido a la inseguridad jurídica de las contrataciones y tras tener que hacer frente a cuantiosas reclamaciones de extrabajadores.

Una de las alternativas que se puso sobre la mesa es la recuperación del antiguo contrato de inserción social junto a una segunda opción, más compleja en cuanto a su desarrollo, que pasaría por crea un nuevo contrato donde se reconozca la realidad de las administraciones públicas en la relación contractual con los empleados, es decir, que los sistemas selectivos de acceso a la función pública están regulados por los principios de igualdad, capacidad y mérito. El alcalde de San Martín indicó que el conflicto generado "perjudica a los ayuntamientos, porque las indemnizaciones suponen un quebranto económico que afecta seriamente a las arcas municipales pero también a los desempleados". Estos, añadió, "se encuentran ahora con la suspensión de estos planes en determinados municipios, como es el caso de San Martín, y la pérdida, por tanto, de oportunidades para acceder temporalmente a unos programa de empleo que se venían desarrollando de manera continuada año tras año".

"De qué sirve acogerse a la subvención del Principado, cuando luego el Ayuntamiento tiene que hacer frente a indemnizaciones económicas muy superiores", cuestionó el regidor. Para realizar esos pagos a extrabajadores del plan de empleo, el Ayuntamiento ha tenido que "detraer partidas económicas destinadas a obras y servicios del municipio a los que se ha tenido que renunciar", explicó Enrique Fernández.