La plantilla de Mieres Tubos consiguió ayer una primera victoria en los tribunales por el impago de las nóminas adeudadas. Tras la celebración de una vista en los juzgados, la empresa se comprometió a abonarles los salarios de diciembre, Navidad, enero y febrero, que en algunos casos alcanzaban los 6.000 euros por empleado, en dos plazos. Mientras se desarrollaban los juicios, el resto de los trabajadores se concentró a las puertas de los juzgados para exigir una solución que ponga fin a su incertidumbre laboral, ya que llevan sin actividad desde hace tres años y, de momento, sin visos de que la situación encuentra una salida.

Las vistas estaban programadas para las doce y media de la mañana, pero los trabajadores llegaron un poco antes. Habían solicitado permiso a la delegación del Gobierno central en Asturias para concentrarse ante los juzgados durante una hora y así lo hicieron con el respaldo de los sindicatos CC OO, UGT y USO. De forma pacífica, como suelen plantear las protestas estos trabajadores, portaron una pancarta en la que se podía leer: "Mieres Tubos, solución ya". Y esperaron pacientes a que terminara el juicio.

Un poco antes de las dos de la tarde salieron los compañeros del comité de empresa. José Ángel Álvarez, en representación de la plantilla, confirmó que habían alcanzado un acuerdo para el pago de las nóminas adeudadas en dos plazos. También señaló que había otro juicio pendiente por los complementos que se aplazaría al mes de mayo. "Al menos hemos conseguido que se comprometan a pagarnos las nóminas, pero es que parece que no se dan cuenta de que tenemos compañeros que lo están pasando mal y necesitan trabajar", destacó Álvarez. Los empleados, ante la falta de actividad, están desempeñando labores de mantenimiento y vigilancia en la factoría de la antigua Perfrisa. "La planta está lista para empezar a trabajar en cualquier momento y estamos demostrando que somos los que tenemos más interés en que se retome la actividad, porque estamos realizando labores que no nos corresponden", apuntó el representante del comité de empresa.

La falta de actividad se traduce también en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para toda la plantilla, medio centenar de trabajadores, que finalizó el pasado 31 de marzo. Una vez terminado, los trabajadores negociaron uno nuevo que estará vigente hasta el 30 de septiembre. Mientras tanto, la plantilla se encuentra a la espera de que sus propietarios, la familia Uribarren, encuentre una solución para la factoría. De momento, los últimos intentos han sido infructuosos. Primero fue el empresario moscón Juan Antonio Fernández Coalla, quien desistió tras realizar una auditoría que revelaba deuda oculta. También apostó por la firma el grupo granadino IPL Corporación, pero la operación se truncó.