El gobierno de Mieres aseguró ayer que actualmente está trabajando para "regularizar" la situación del contrato del servicio de ayuda a domicilio "con una nueva adjudicación". Los gestores municipales de IU hicieron esta aclaración tras anunciar Somos que llevará al alcalde, Aníbal Vázquez, ante el juez, por una presunta "prevaricación administrativa". La filial de Podemos, concretamente, acusa al regidor de "malversar fondos públicos" con la "fragmentación" del pago del contrato a la empresa que se encarga de gestionar el citada servicio, que se cubre con 60 trabajadores y del que se benefician unas 300 personas. Somos sostiene que el gobierno local está actuando incorrectamente aún a sabiendas de que el procedimiento arrastra irregularidades desde hace una década y pese a "los reparos de Intervención".

El gobierno local quiso ayer trasladar "un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y, sobre todo, a los vecinos y vecinas que reciben atención domiciliaria". "Estamos trabajando para garantizar el cuidado domiciliario, los puestos de trabajo y para regularizar la situación del contrato con una nueva adjudicación. Una licitación que, siguiendo las orientaciones del servicio de intervención municipal, solo está pendiente ya de la firma con el Principado del convenio de prestaciones básicas para que la financiación del servicio esté garantizada oficialmente".

Somos, tras quejas previstas del PSOE y del PP, ha hecho público que el contrato que existe con la empresa Azvase, firmado el 30 de enero de 2003, recoge expresamente que el convenio tenía una duración máxima de 5 años. "Sin embargo, desde el año 2008 se vienen pagando a la empresa facturas mensuales sin soporte jurídico alguno, dado que el contrato está caducado. El Ayuntamiento de Mieres se ha limitado desde entonces a revisar el precio por hora del servicio mediante acuerdos de Junta de Gobierno durante años sucesivos", explicó Montse Palacios, portavoz del grupo municipal.

Somos ya ha tomado una decisión y en breve iniciará un procedimiento judicial contra el Alcalde. El partido sólo tiene pendiente acotar la vía de procedimiento, bien iniciando un contencioso administrativo o bien abordando la vía penal. La respuesta del gobierno local, tras seis años al frente del Consistorio, es anunciar que finalmente normalizar el contrato del servicio de ayuda a domicilio, cuyo coste se acerca al millón de euros al año.