"El artículo 27 de la Constitución garantiza el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y, sin embargo, el consejero de Educación de Asturias ha decidido ignorar el mandato constitucional asegurando que su capacidad para decidir está por encima de cualquier otra cosa", aseguró la abogada Elena Figaredo, de la Plataforma por la Libertad Educativa, al inicio de la mesa redonda que versó sobre "La educación concertada en peligro". El evento, que tuvo lugar en el Aula Cultural "La Plaza" de Sotrondio fue organizado por "El Club de los Viernes", en colaboración con el Ayuntamiento de San Martín y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

Jorge Riera, representante del colectivo organizador, introdujo el acto, y lo hizo llamando la atención sobre el hecho de que es "inadmisible" la postura tomada desde la Consejería de Educación, ya que, según expresó "por encima de todo está la libertad del individuo y sin embargo se está intentando dinamitar la educación concertada sobre premisas falsas e incumpliendo la ley".

La presidenta de la AMPA del Colegio San José de Sotrondio, uno de los más castigados por los recortes previstos, también quiso estar presente en la mesa, para manifestar el desconcierto y la incertidumbre que aquejan a la comunidad educativa del centro. Honorina García dejó patente que "no estamos exigiendo ningún privilegio y tan solo pedimos que se nos trate desde la igualdad ya que nos parece inadmisible que se nos exijan ratios diferentes a las de los colegios públicos". García también lamentó que "la bajada de natalidad que padecemos en las Cuencas no se aproveche para aumentar la calidad de la enseñanza en lugar de llevar a cabo una política brutal de recortes"

Pablo García Vigón es presidente de la AMPA del Colegio Santa Teresa de Jesús de Oviedo y se mostró convencido de que "no tiene sentido que se intente cambiar algo que funciona bien y sobre todo, haciéndolo con maniobras que están fuera de la ley". Al mismo tiempo, aseguró que "una mentira no se vuelve verdad por muchas veces que se repita ya que la educación concertada también la pagamos todos, y es tan pública como la que más, siendo lo único que diferencia una de otra la forma de gestionar los centros". García Vigón explicó que "se tiende a confundir la necesidad de que el servicio sea público con que la gestión deba ser pública" y enfatizó que "las calificaciones obtenidas en centros privados y concertados están por encima de la media según constata el informe PISA; además, el gasto por alumno en la educación pública supone unos 5.300 euros por alumno mientras que en la concertada no llega a los 2.700 euros". Para finalizar, todos los integrantes de la mesa mostraron su unánime apoyo a las palabras de García Vigón cuando aseveró que "en ningún caso puede consentirse que las ideologías se antepongan a la calidad educativa ni al cumplimiento de la ley, tal y como está ocurriendo en Asturias y en concreto en el Nalón".