La Unión Europea se ha marcado como fecha tope 2050 para su descarbonización total, lo que supone que para ese año estén cerradas todas las centrales térmicas que consumen carbón. Sin embargo, ese cierre en España podría llegar treinta años antes. El Congreso de los Diputados aprobó ayer con el apoyo de los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos una iniciativa que propone este adelanto hasta 2020.

La intención era instar al Gobierno central para que defendiese una serie de objetivos en el proceso de negociación del paquete de medidas legislativas "Energía limpia para todos los europeos", que se debatirá en la UE. En el texto, que constaba de nueve puntos, se alude a la necesidad de "permitir los mercados de capacidad sólo como una opción de último recurso, y armonizar las reglas". Así, "sólo deberían permitirse cuando otras soluciones como las soluciones a la demanda, el refuerzo de interconexiones o el almacenamiento sean insuficientes". En este caso, hablan de que el umbral en todas las centrales no sea "superior a 550 gramos de dióxido de carbono emitidos", que superan todas las térmicas que queman carbón. El documento no alude directamente al año de cierre, pero sí se explica porque los pagos por capacidad se negocian para siete años y expiran en 2020. Si las eléctricas no reciben pagos por capacidad, no podrán hacer inversiones para emitir menos dióxido de carbono. Además, muchas centrales se han acogido ya a sistemas transitorios de emisiones de otras partículas que duran hasta 2020. Aquí cabe reseñar que EDP sí hizo inversiones en Aboño y Soto de Ribera, al igual que Iberdrola en Lada.

Aún así, el planteamiento aprobado en el Congreso de los Diputados se circunscribe, de momento, al nivel político, y habrá que ver si sigue adelante.

El planteamiento apoyado en Madrid contrasta con el que se ha trasladado desde Asturias. A mediados de septiembre, el presidente de la Asociación Comarcas Mineras (Acom) y actual secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, anunciaba que la entidad iba a presentar alegaciones contra el real decreto para el cierre de las térmicas que estaba planteando el Gobierno central. Barbón argumentaba entonces la necesidad de garantizar el suministro, "que no se sostiene únicamente con las renovables", así como el control del precio de la energía. También esgrimía razones de sostenibilidad social, así como una forma de mantener el sector del carbón en España.

En el debate, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, se opuso ayer a la propuesta de Unidos Podemos sobre políticas energéticas. Una moción que "defiende introducir como iniciativa 'progresista y social' medidas reaccionarias de desertización de las cuencas asturianas del Nalón, del Caudal y Suroccidental del Narcea e Ibias", destacó el diputado, quien recalcó que "es una iniciativa muy clarificadora y estamos seguros de que la moción habrá sido ampliamente debatida y consensuada en sus círculos asturianos de las comarcas mineras".