Madrid / Oviedo,

Agencias / M. MARTÍNEZ

El Gobierno quiere revisar las subidas salariales de los funcionarios pactadas hace unos meses con los sindicatos dentro de los recortes prometidos a la Unión Europea para contener el déficit público. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, confirmó ayer que llamará a los sindicatos a renegociar el actual acuerdo y que pretende congelar el sueldo de los funcionarios durante los dos próximos años y asegurar un descenso del 4 por ciento en el gasto de personal hasta 2012 incluido. La medida afectará en Asturias a más de 36.000 funcionarios, tanto de la Administración autonómica como estatal, según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial, que encabeza Manuel Chaves.

El Gobierno y los sindicatos UGT, CC OO y CSI-CSIF firmaron el pasado 25 de septiembre el acuerdo para la Función Pública 2010-2012, que afectará a más de 2,6 millones de empleados públicos de todas las administraciones y que contempla una subida salarial del 0,3 por ciento el primer año, así como una cláusula de revisión salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido a partir de 2012 .

Carlos Ocaña señaló que el coste de 120.000 millones que suponen los salarios de los empleados públicos debería reducirse el 4 por ciento en 2013. E incidió en que para obtener esa rebaja el instrumento principal será cubrir solo una de cada diez vacantes.

El secretario de Estado incidió en que se mantendrá lo pactado para este año (una subida del 0,3 por ciento), y matizó que el Gobierno tampoco está pensando en bajarles el sueldo a los empleados públicos, pero las previsiones que han realizado hasta 2013 implican, prácticamente, una congelación de los sueldos de los funcionarios para los próximos años.

El secretario de Estado indicó que falta por concretar el ahorro del 1,7 por ciento del PIB (17.000 millones) que contiene el plan de austeridad. Pero también defendió la necesidad de una reforma laboral ambiciosa, «que cambie las expectativas y la sensación de estar condenados a tener parados mucho tiempo». Resaltó que la reforma laboral es una de las prioridades del Ejecutivo, junto con la reducción del déficit y la reestructuración del sistema financiero.

La subida salarial de los funcionarios se fija en los Presupuestos Generales del Estado, con lo que el margen de maniobra de las autonomías se limita a cumplir lo que establece dicha ley.

Los sindicatos han advertido de que existe un compromiso de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de cumplir con lo firmado por el propio Ejecutivo.

UGT indicó que desde la firma del citado convenio «no ha pasado nada que justifique esta salida de tono» del Ejecutivo y añadieron que si se lleva a cabo una modificación, el Gobierno «se apea del pilar del acuerdo», ya que los funcionarios asumieron la contención de los salarios «para contribuir a mejorar el país y superar la crisis». Así, advirtieron de que «tanta incertidumbre no contribuye a la seriedad que debe tener un país en un momento como éste» y aseguraron que es necesaria «transparencia».

Por su parte, CSI-CSIF aseguró que está «tranquilo», ya que los acuerdos firmados por el Gobierno «están para cumplirlos».