Oviedo / Madrid
Evaluar el impacto económico de los 137 artículos y numerosas disposiciones adicionales y finales de la ley de Economía Sostenible es poco menos que inviable, según da a entender el Gobierno en los documentos anejos al proyecto aprobado ayer. El Ministerio de Economía sí ha echado algunas cuentas, como la que asegura que las empresas españolas se ahorrarán más de 3.200 millones de euros al año si se cumplen los nuevos plazos de pago que determina la ley tanto para la Administración pública como para las propias empresas.
Es un cálculo sobre el ahorro en gastos financieros que suponen dos medidas concebidas para reducir la morosidad en las operaciones comerciales a partir de 2013: la primera supone rebajar de 60 a 30 días el plazo máximo de pago de la Administración a contratistas y proveedores, con un ahorro estimado en 759 millones anuales para las empresas; la segunda medida implica establecer la obligación de pago en un máximo de 60 días para las empresas que tengan como proveedores a pequeñas empresas y autónomos; en este último caso, el departamento de Elena Salgado calcula una reducción de 2.485 millones de euros al año en costes financieros.
Tales medidas para contener la morosidad estuvieron entre los artículos de la ley de Economía Sostenible mejor recibidos por las organizaciones empresariales. Pero no han faltado críticos. Algunos expertos han alertado de que, como ahora, no existen a priori garantías de cumplimiento de los plazos. Desde el ámbito político, algunos ayuntamientos han alertado de que endurecer las condiciones de pago agravará la situación de las haciendas locales.
El Gobierno estima también que cuatro millones de contribuyentes se beneficien de la nueva deducción por obras en vivienda habitual, que presumiblemente estará en vigor hasta finales de 2012. Supone una desgravación del 10% de la inversión en trabajos para mejorar la eficiencia energética o el uso del agua.
