Madrid, Agencias
Sindicatos y PP se opondrán a la propuesta socialista para que se pueda justificar el despido objetivo (aquel que da derecho a sólo 20 días de indemnización por año trabajado, en vez de los 45 días del despido improcedente) en virtud de tres factores: la existencia de pérdidas económicas en la empresa, la caída «relevante» de sus beneficios y la falta de liquidez. Los sindicatos consideran que con ello los socialistas asumen las propuestas planteadas por la patronal (CEOE) y por la derecha política.
«El PSOE instaura un despido que se puede planificar a la carta del empresario», denunció el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, tras la reunión que mantuvieron los sindicatos con CEOE y Cepyme para iniciar la reforma de la negociación colectiva.
Con estas propuestas de despido objetivo, el sindicalista aseguró que el PSOE ha reafirmado su «proceso de derechización», iniciado con el decreto aprobado para reformar el mercado laboral. «Son propuestas pro-patronales», remarcó.
Para el secretario de Acción Sindical de CC OO, Ramón Górriz, las enmiendas transaccionales del PSOE no hacen más que incrementar el rechazo «profundo» de los sindicatos a la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo y acrecentar la convicción sindical de que «la huelga general es aún más necesaria». Ferrer también invocó a una «respuesta masiva» en el paro general del 29 de septiembre.
El PP tampoco apoyará hoy en el Congreso la propuesta del PSOE. La portavoz adjunta del Grupo Popular, Fátima Báñez, aseguró que el PP no puede respaldar una propuesta para el despido que «ataca frontalmente» a los trabajadores.
La patronal sí apoya la iniciativa del PSOE. El secretario general de CEOE, José María Lacasa, valoró dichas enmiendas, al indicar que «van en la buena dirección», si bien reclamó «más precisión» para facilitar la interpretación de los jueces ante un despido objetivo. «Para que los jueces interpreten el despido objetivo», dijo, las causas que recoge la iniciativa del PSOE «son insuficientes». Lacasa expresó su confianza en que el trámite parlamentario permita una «reforma profunda» del mercado de trabajo.
Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, alertaron a los trabajadores de que «nadie está a salvo» de la reforma laboral, por lo que instaron a la ciudadanía a rebelarse y a participar en la huelga general del 29 de septiembre.
«De la resignación se puede pasar a la crispación fácilmente, sólo hay un pasito», dijo el secretario general de CC OO en referencia al clima social que podría crearse en España como consecuencia de la aprobación por parte del Gobierno del plan de ajuste y de la reforma laboral. Para Toxo, es «lamentable» que el Gobierno pretenda aprobar la reforma laboral por la vía de urgencia en el mes de agosto, cuando «la mayoría» de la ciudadanía está de vacaciones. Esta manera de proceder es un intento de «introducir elementos que desanimen a la población» para que no participe en la huelga general, señaló.
Méndez insistió en que «nadie está a salvo de la reforma laboral» e incidió en que «hay que parar el 29 de septiembre para que se muevan en un sentido distinto las cosas en el ámbito de la política económica, social y laboral» del Gobierno. El líder de UGT señaló que la reforma laboral es «una pieza de un cambio de carril de la política económica, social y laboral del Gobierno que va a provocar un retroceso en la recuperación de la economía y un aumento del paro».
Ambos líderes coincidieron en que esta reforma laboral no va a reducir el desempleo, sino que más bien va a «consagrar» la temporalidad en los contratos, «abaratar el despido» y «debilitar la negociación colectiva».
Toxo matizó que el proyecto del Gobierno y del PSOE «aclara las causas del despido por razones económicas», que «sólo puede servir para facilitar todavía más», opinó, «el despido a las empresas». Se está, dijo, «ante el riesgo del mayor retroceso de los derechos laborales de España de la democracia».
Los sindicatos denuncian que, sin que llegue a haber pérdidas económicas, la reducción de los beneficios puede ser aportada por los empresarios como una razón de despido y que en caso de que el trabajador considere que ha habido «un fraude» en la rescisión de su contrato debe ser éste el que lo demuestre y no la empresa.
Méndez sostuvo que con esta «ruptura laboral» (tal como denominó a la reforma), un trabajador fijo al que ahora le corresponden 45 días pagados por año trabajado «puede ser despedido por el empresario con una indemnización de veinte días, de la que la empresa sólo pagará doce días».
«Estamos ante el riesgo del mayor retroceso de derechos laborales de toda la democracia»
<Ignacio Fernández Toxo >
Secretario general de CC OO
«La reforma abarata el despido, debilita la negociación y consagra la temporalidad»
<Cándido Méndez >
Secretario general de UGT
