El Principado aprueba la nueva regulación del comercio con la oposición de los híper

El Gobierno asturiano ha optado por mantener bajo estrecho control administrativo la instalación de grandes equipamientos comerciales. A pesar de la muy reciente trasposición en España de la directiva europea de servicios, inspirada por los principios de libertad de empresa y libre competencia, el Principado, al igual que otras comunidades, seguirá restringiendo la posible implantación de hipermercados, sobre todo en el área central de la región. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) considera que las normas que acaba de aprobar la Administración asturiana son «intervencionistas» y contrarias a la legislación de la UE.

Las llamadas directrices sectoriales de equipamiento comercial recibieron en septiembre el visto bueno del Consejo de Gobierno y están en vigor desde el pasado 3 de octubre. El Principado ha revisado así una norma cuyo cometido es «ordenar la localización de los equipamientos comerciales», fijar reglas que en algunos aspectos pueden afectar tanto a la apertura de una pequeña tienda como a un gran complejo comercial y de ocio. Como hasta la fecha, el Principado dedica una especial atención a poner límites a la proliferación de centros comerciales, un formato que durante las últimas décadas se ha desarrollado intensamente en la zona central, hasta el punto de que la comunidad autónoma está entre las primeras del país en superficie de hipermercados en relación con el número de habitantes (ver gráfico superior).

Hasta ahora, la Administración regional fijaba tales límites exigiendo una autorización autonómica especial (además de la licencia municipal convencional) y determinando en sus directrices ya de antemano que sólo muy excepcionalmente se permitirían nuevos establecimientos en la zona central. Pero la imposición de esa segunda licencia ha quedado fuera de la ley con la directiva europea de servicios, que explícitamente prohíbe que haya barreras regulatorias a la libre competencia y, de manera singular, que se pongan alegando razones de contenido económico, como la protección del pequeño comercio, fin invocado a menudo por la Administración regional.

Pero el Principado ha encontrado un camino alternativo para mantener las restricciones: la exigencia de la segunda licencia ha sido sustituida por un «informe de impacto estructural», que será competencia de la Administración regional -a través de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, CUOTA- y cuyas conclusiones serán vinculantes para los ayuntamientos. Ese nuevo filtro ha desatado las críticas de la patronal ANGED, a la que pertenecen grandes cadenas como El Corte Inglés, Carrefour, Eroski o Alcampo. «El Gobierno del Principado, apoyándose en su competencia para la ordenación del territorio, está llegando a un punto de intervencionismo (...) para proclamarse competente y regir los destinos de los ciudadanos en todos sus ámbitos», se queja ANGED en sus alegaciones.

Si bien los híper han moderado a escala nacional sus inversiones y no hay previsión de nuevos intentos de instalación o ampliación en Asturias, la patronal rechaza las directrices porque entiende que el Principado ha pasado por alto las reglas de Bruselas. La UE permite una excepción genérica para restringir la libertad de establecimiento comercial: que haya poderosas razones de interés general (grandes impactos urbanísticos, ambientales...). El Principado considera que ahí encaja su examen de «impacto estructural». «La evaluación de impacto estructural tiene como fin (...) analizar los costes y beneficios sociales y económicos derivados directa e indirectamente del proyecto de implantación de un gran equipamiento», señala el artículo 41 de las revisadas directrices asturianas.

Tal redacción es, según los juristas de la patronal ANGED, una prueba de que la Administración regional ha pasado por alto los principios que marca Europa: «Es muy evidente que este estudio de impacto ambiental tiene un claro contenido económico, totalmente alejado de cualquier razón imperiosa de interés general y que está expresamente prohibido por la directiva de servicios», señala la patronal en un escrito de alegaciones que no ha sido atendido por el Ejecutivo.

Las directrices comerciales mantienen limitada la instalación de más híper en el área central. Sólo serán posibles nuevos centros siempre que estén vinculados a grandes desarrollos urbanísticos y, en algún supuesto, a equipamientos singulares, como estaciones de transporte. Es una excepción que queda abierta, por ejemplo, para el caso de una futura estación del AVE.

Como ya establecían las directrices vigentes hasta 2009, el Principado cree que en las comarcas del Oriente y del Occidente sí tendrían cabida centros comerciales, aunque de modesto tamaño. Las nuevas normas prevén un establecimiento en la zona oriental y otro en la occidental, con una superficie máxima de venta de 6.000 metros cuadrados cada uno.

Las directrices determinan explícitamente que los grandes complejos comerciales de Siero (Parque Principado) y Corvera (Parque Astur) no podrán ser ampliados «en ningún caso», «dada la alta concentración comercial y de servicios» y su incidencia en el tráfico de la «Y» y de la Autovía del Cantábrico. ANGED ha tachado de «discriminatoria» esta medida.