Oviedo, Javier CUARTAS

Liberbank (el banco dominado por Cajastur) tendrá que afrontar provisiones adicionales de su riesgo inmobiliario para cumplir con los nuevos requerimientos del Gobierno que las estimaciones disponibles, no oficiales, sitúan entre los 300 y algo más de 400 millones de euros.

De confirmarse esta estimación, la entidad podría asumir las nuevas exigencias con cargo a beneficios y reservas. En ese caso no se vería abocada de forma imperiosa a una nueva fusión forzosa e inmediata.

Otra cosa es que el presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, nunca ha descartado participar en la nueva ronda de concentración del sector que ya se vislumbra como inevitable. Se diferencia así las fusiones impuestas y forzadas para poder cumplir las nuevas ratios más exigentes para la cobertura de riesgo por activos inmobiliarios dañados de aquellas otras integraciones que cada entidad decida en razón de su propia estrategia.

El grupo Liberbank ronda los 7.000 millones de activos inmobiliarios dañados, pero de ellos 3.000 millones, procedentes de CCM, están cubiertos por el llamado esquema de protección de activos que le concedió el Fondo de Garantía de Depósitos, que está financiado con recursos privados del propio sector financiero y no a cargo del Estado. Por tanto, Liberbank tendrá que actualizar sus provisiones de suelo, promociones y viviendas para los 4.000 millones restantes más la provisión genérica del 7% que se acaba de aprobar para activos no problemáticos que estén ligados al sector inmobiliario.

Todas las entidades deberán culminar las nuevas dotaciones en un año, salvo las fusiones futuras y las realizadas desde septiembre, que tendrán dos años de plazo para cumplir con la nueva norma. Liberbank es un proyecto anterior pero se materializó el 1 de septiembre con la formalización de la integración de los negocios de las tres cajas partícipes. De la redacción definitiva del decreto dependerá que Liberbank pueda acogerse al plazo de un año o al más generoso de dos ejercicios.