Oviedo, Javier CUARTAS

La oferta de adquisición lanzada por Liberbank sobre el Banco Caixa Geral (BCG), filial española de la portuguesa Caixa Geral de Depósitos, busca ampliar tamaño para negociar desde una posición de mayor poderío en caso de verse abocada la entidad que lidera Cajastur a una nueva fusión con otros grupos de cajas durante la segunda ronda inminente de concentración a la que el Gobierno quiere forzar al sector.

Pero la operación de absorción de BCG que Manuel Menéndez, presidente de Liberbank, ha propuesto al grupo luso podría estar buscando otros fines inmediatos que liberarían al banco liderado por Cajastur de los aspectos más exigentes de la reciente reforma financiera impulsada por el PP (y aprobada ayer en el Congreso) y de lo imperioso de someterse de inmediato a una fusión.

La norma del Gobierno obliga al sector a acometer provisiones adicionales de sus riesgos inmobiliarios y de suelo por un importe global de 35.000 millones y llevar a cabo a la vez un refuerzo de capital de otros 15.000 millones.

Para forzar a bancos y cajas a emprender nuevas fusiones que reduzcan aún más el número de operadores existentes en el mercado y que permita ganar tamaño a las entidades resultantes, el decreto impone que las provisiones se hagan en un año y contra resultados, pero para aquellas entidades que emprendan nuevas fusiones o que las hayan iniciado desde septiembre el decreto reduce sus exigencias.

Las entidades que se involucren en nuevos procesos de concentración ya no dispondrán de sólo un año, sino de dos, para acometer las nuevas dotaciones y, además, podrán realizarlas no sólo a costa de sus beneficios (de ellos se nutren las obras sociales y culturales de las tres cajas propietarias de Liberbank), sino que podrán hacerlo también contra su patrimonio. Todo ello hace más liviano y asumible el cumplimiento de los nuevos requerimientos.

La eventual compra del Banco Caixa Geral por Liberbank sería, en realidad, una nueva fusión liderada por el banco de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria: en este caso, mediante la absorción de un banco de nacionalidad española, aunque de propietario portugués.

La norma exige que para que una integración bancaria pueda beneficiarse de la vía más favorable para el cumplimiento de los nuevos requerimientos legales, la mayor de las sociedades implicadas (en este caso, Liberbank) debe ampliar su tamaño con la nueva fusión en al menos el 20 por ciento. Pero según los datos disponibles (con fecha de 2010), el Banco Caixa Geral permitiría a Liberbank aumentar su volumen de activos en sólo el 16 por ciento. De esta forma, la entidad resultante quedaría por debajo de lo que el decreto exige para que la fusión pueda acceder a la vía menos dolorosa para acometer las nuevas provisiones. Sin embargo, el decreto establece un resquicio: en determinados casos, dice, el Gobierno podrá extender esos beneficios a las fusiones que al menos acrecienten el tamaño de la mayor de las sociedades participantes en el 10%.

Si la anexión del BCG se materializara y el Gobierno le aplicara este supuesto, Liberbank tendría dos años para ejecutar las cuantiosas provisiones que el Gobierno reclama al conjunto de los bancos. Liberbank aún no ha desvelado qué importe precisa. Pero se han manejado cifras entre 200 y 600 millones.

En caso contrario, la única vía que dispondría Liberbank para no tener que hacer estas intensas provisiones en un solo ejercicio y exclusivamente contra la cuenta de resultados sería emprender otra fusión. Y hacerla ya: los proyectos de integración hay que presentarlos antes de finales de mayo y aprobarlos antes de octubre.

Cajastur y sus socios mantienen su intención de protagonizar más fusiones y de salir a Bolsa, pero a condición de que se trate de operaciones que emanen de la convicción propia y de la lógica del negocio, no forzados por consideraciones ajenas a su estrategia corporativa. Y más tras el sonado fracaso de su intento de unión con CAM, cuya situación financiera real acabó siendo mucho peor que la que Cajastur y sus dos socios conocían de antemano. Algunas entidades, incluso algunos grupos políticos de la oposición, consideran -y más tras el fiasco de CAM- que los nuevos plazos para acometer integraciones apenas dejan margen para que las entidades analicen en profundidad los estados financieros de aquellos grupos con los que opten a unirse.