Oviedo / Madrid, Agencias / L. G.

Los ocho millones de pensionistas españoles no serán resarcidos este año por el aumento de la inflación, perderán por ello la paga compensatoria que en otras circunstancias cobrarían el próximo enero y su poder adquisitivo se resentirá a razón de una media equivalente a 18 euros al mes en el caso de Asturias. El Gobierno traspasó ayer la «línea roja» de las pensiones y confirmó que no se compensará a los jubilados por la desviación del índice de precios al consumo (IPC), en un nuevo recorte de gasto orientado a cumplir el objetivo de rebajar el déficit público. Los pensionistas dejarán de percibir casi 2.000 millones correspondientes a este año, más una cantidad igual que debiera consolidarse en sus nóminas a partir de 2013. Para los más de 280.000 asturianos afectados, la pérdida correspondiente a 2012 será de 77 millones.

El Gobierno ha terminado por anteponer el compromiso de contener el déficit a la obligación, recogida en la ley de Seguridad Social, de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas. El indicador que también por ley marca la revalorización de las pensiones es la inflación de noviembre. El indicador adelantado conocido ayer sitúa el IPC en el 2,9%. Como las pensiones habían subido el 1% desde enero, la Seguridad Social estaba obligada a abonar a cada beneficiario el equivalente al 1,9% de los ingresos anuales que tenía antes del citado incremento de principios de año. ¿Cuál es el impacto de esa decisión para el bolsillo del pensionista? Son dos los efectos y se sintetizan en los siguientes puntos:

l La paga. Los beneficiarios de prestaciones pierden la paga de atrasos que deberían recibir en enero por la merma de poder adquisitivo correspondiente a 2012. Para el jubilado medio asturiano del régimen general de la Seguridad Social, cuya pensión media ronda los 1.355 euros al mes, la pérdida por no cobrar tal compensación es de unos 356 euros. En el supuesto de una viuda del régimen general, serían 184 euros.

l La consolidación. En circunstancias normales, esas mismas cantidades se consolidarían a partir de enero en las nóminas. Esto es, el jubilado del ejemplo anterior tendría que cobrar 356 euros más anuales, además de la subida correspondiente a 2013.

En un intento de mitigar el menoscabo económico de las pensiones, convertidas a menudo en los ingresos centrales de hogares de los que dependen hijos y nietos en paro, el Gobierno anunció un cambio en la actualización de las prestaciones para 2013: las iguales o inferiores a 1.000 euros al mes subirán el 2%, frente al 1% del resto. El aumento del 2% beneficiará al 74% de los pensionistas, quiso destacar la ministra de Empleo, Fátima Báñez, encargada de dar las explicaciones del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros.

«Es una de las decisiones más dolorosas y difíciles que hemos tomado», añadió Báñez sobre el acuerdo de no compensar a los pensionistas por el IPC. Supone incumplir el compromiso de «no tocar» las pensiones, el último que el Gobierno de Mariano Rajoy mantenía en pie ya desde que, siendo líder de la oposición, el hoy presidente combatió una decisión similar que anunció su predecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en la primavera de 2010: congelar las pensiones en 2011, salvo las mínimas y las no contributivas. El pasado 10 de septiembre, en una entrevista televisiva, Rajoy había reafirmado su promesa de dejar a los pensionistas al margen del rodillo de la austeridad: «Si algo no tocaré, serán las pensiones, porque (el pensionista) es el más indefenso y no tiene una segunda oportunidad».

Analistas políticos y dirigentes de la oposición remarcaron ayer cómo el acuerdo de no pagar la desviación del IPC a los jubilados alarga la ristra de incumplimientos programáticos del PP, que empujado por el deterioro de la situación económica y por las instrucciones de Europa ha subido impuestos, elevado el copago sanitario, impulsado una amnistía fiscal y abaratado el despido, políticas todas que había excluido expresamente en su oferta electoral o atacado desde la oposición cuando el Gobierno de Zapatero las abordó.

«No teníamos otra opción para cumplir con los objetivos de déficit», argumentó la ministra Báñez. Con la UE vigilando de cerca la evolución de las cuentas públicas españolas, el Gobierno ha optado por sacrificar la actualización de las pensiones ante el riesgo de agravar el desfase entre gastos e ingresos que ya presenta la Seguridad Social (en torno a 10.000 millones de euros) y añadir dificultades al objetivo de reducción del déficit público. Las pensiones contributivas supondrán en 2013 un desembolso superior a los 100.000 millones de euros. La subida de entre el 1% y el 2% costará 1.500 millones. Añadir otros 2.000 millones correspondientes a la compensación por el IPC de 2012 implicaba una sobrecarga inviable, según el criterio aplicado por el Ejecutivo.