Los trabajadores asturianos están acelerando sus jubilaciones. Los impactos del desempleo y el temor a un empeoramiento de las condiciones del retiro ante las nuevas reformas que se avecinan llevan a muchos asalariados a anticipar su salida del mercado laboral, aun a costa de resultar penalizados en la cuantía de sus prestaciones, según sugieren las cuentas de la Seguridad Social y corrobora el movimiento registrado en las asesorías y despachos jurídicos especializados en la tramitación de pensiones.

Los documentos sobre la evolución presupuestaria de la Seguridad Social aportan últimamente datos como los siguientes: el número de pensiones por jubilación del régimen general (asalariados) sube este año en España a un ritmo superior al 7%. En Asturias, esos jubilados (87.405) han aumentado el 8,4% en un año. Tales resultados, de apariencia explosiva, pueden estar influidos estadísticamente por el proceso, iniciado en enero de 2012, de incorporación formal de las empleadas del hogar retiradas y de los trabajadores por cuenta ajena del campo al régimen general, pero es fruto también, según las opiniones recabadas, de un crecimiento vigoroso de las jubilaciones anticipadas. Parte de ellas por la frecuencia de dos tipos de situaciones relacionadas con la crisis económica que están adelantando las decisiones de jubilación de muchos trabajadores. Se explican en los siguientes puntos.

l El paro. El desempleo de larga duración y la nula expectativa de salir de esa situación de los parados de edad avanzada están moviendo a muchos trabajadores de sectores como la construcción a acogerse a jubilaciones anticipadas. «Siempre será mejor retirarse perdiendo dinero de la pensión que esperar a los 65 años o más cobrando un subsidio de 426 euros al mes», resume el abogado José María Bigoles Martín. Su despacho, al igual que otros que se ocupan de temas relacionados con las pensiones, ha notado un aumento «muy relevante» de las consultas sobre jubilaciones anticipadas.

Los parados que adelantan su retiro se acogen por lo general al mecanismo de jubilación anticipada conocida como «forzosa», endurecida en sus requisitos desde este año por una reforma parcial impulsada por el Gobierno. Pueden acogerse a ella los trabajadores en paro que lo estén por despido u otras circunstancias extintivas del empleo ajenas a su voluntad. El número mínimo de años cotizados que se exige es de 33 y el retiro es posible a partir de los 61. La citada reforma elevará esa edad progresivamente hasta situarla en los 63 años en 2027, salvo para las carreras laborales más largas.

Quienes están utilizando este camino para retirarse prematuramente sufren recortes en sus prestaciones que varían según los años cotizados. La pensión de un asalariado que tenga menos de 38 años y seis meses de vida laboral se reducirá el 7,5% por cada ejercicio que adelante la jubilación. Esto es, si por su trayectoria cumple las condiciones para jubilarse con 65 años justos, el trabajador que lo haga con 61 deberá renuncia al 30% de la prestación a la que tendría derecho en caso de esperar a la edad legal.

l La incertidumbre. Las sucesivas reformas o anuncios de ellas que en estos años han abordado los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy han movido a un número difícil de precisar, pero también «importante», a adelantar la decisión la jubilación. Es una práctica más común, añadió el letrado Bigoles, entre asalariados con altas bases de cotización, aquellos llamados cobrar la pensión máxima del sistema (2.523 euros al mes este año) o a acercarse a ella cuando alcancen la edad legal de jubilación. No son pocos los casos de trabajadores de este tipo que anticipan el final de su vida activa por temor a resultar penalizados en su pensión inicial si esperan a los 65 años. Por ejemplo, ante el riesgo de que las pensiones futuras sean recortadas severamente con la reforma que se está preparando para acompasar la «generosidad» de las prestaciones a la esperanza de vida. Otro temor que ha calado en algunos es que los Presupuestos Generales del Estado puedan en algún momento incluir un recorte de esas pensiones máximas.

La vía legal que encaja en este supuesto es la jubilación anticipada voluntaria, posible a partir de los 63 años con al menos 35 y tres meses cotizados y penalizaciones económicas de hasta el 8% por cada año que se adelanta el retiro.