Los sindicatos de funcionarios dan por hecho que el Gobierno les comunicará hoy una nueva congelación de los salarios públicos para 2014, que sería el cuarto año consecutivo sin subida de sueldos. De confirmarse, la medida afectará en España a 2.576.746 trabajadores de las administraciones públicas (estatal, autonómicas, locales y universidades). De ellos, 57.569 están en Asturias, 2.225 menos que hace un año. La reducción en el conjunto del país ha sido de 109.091 personas entre enero de 2012 y enero de 2013. Las comunidades autónomas y los municipios han sido los más aplicados con el ajuste de plantillas. Según los sindicatos, desde el inicio de las crisis, los empleados públicos ya han perdido un 30% de su poder adquisitivo.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado martes en el Senado que no se suprimirán las pagas extraordinarias de los empleados públicos la próxima Navidad ni en 2014. Pero no aclaró si habrá o no congelación salarial. «Hemos pedido un notable esfuerzo a los trabajadores públicos. Soy consciente de su trabajo y de la profesionalidad de los empleados públicos y en cuanto podamos mejoraremos su situación», afirmó sin dar más detalles.
Los sindicatos de la Función Pública se esperan lo peor, fundamentalmente porque nadie del Gobierno ha salido desmintiendo las informaciones que apuntan a una nueva congelación salarial. El Ministerio de Hacienda ha convocado a los representantes sindicales a una reunión para las cinco de esta tarde de hoy, en la que esperan que se les confirme lo que hasta el momento son suposiciones.
Si esto es así, 2014 será el cuarto año consecutivo de esta crisis en el que los salarios de los empleados públicos permanecerán congelados y el quinto en el que sufren ajustes. A las congelaciones de 2011, 2012, 2013 y 2014 hay que sumar el recorte salarial de entre el 5% y el 7% que aplicó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la supresión de la paga extraordinaria de Navidad decidida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.
«El presidente del Gobierno ha dejado muy a las claras que vamos a tener una nueva congelación salarial, la enésima», se lamentó el presidente nacional de CSI-F, Miguel Borra, al tiempo que incidía en que «los empleados públicos han sido los primeros en hacer esfuerzos en esta crisis y es hora ya de que se les compense», empezando por el abono de la parte devengada de la paga extra de 2012 (44 días en el caso de los funcionarios, 14 días en el de los laborales) que les retiró el Gobierno y que los tribunales están conminando a devolver. «La primera medida es acatar las sentencias que le están cayendo al respecto», remarcó Borra. Por ello, instó al Ejecutivo de Rajoy a que habilite un crédito extraordinario. «Devolviendo ese dinero también se reactiva la economía», añadió Borra.
El Gobierno presentará su plan a los sindicatos sólo unas horas antes de que lo analice y le dé el visto bueno el Consejo de Ministros en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, que se conocerán mañana, viernes. Los representantes de los trabajadores denunciaron ayer la política de hechos consumados que practica el Ejecutivo, al que acusaron de negarse a abordar cualquier tipo de negociación.
La política de ajustes en el sector público no se limitará a los salarios de sus empleados. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el pasado martes que una vez que se ha cumplido el objetivo de suprimir 515 sociedades mercantiles creadas por las comunidades autónomas, «en una siguiente fase se amplía este número a 708, lo que permitirá un ahorro de 1.500 millones de euros». Esto también implica reducción de plantillas.
Andalucía ha sido, en términos absolutos, la comunidad autónoma en la que más se ha reducido en el último año el número de empleados públicos (27.233). También ha sido la región con mayor supresión de empresas públicas (125). Según un boletín estadístico del Ministerio de Hacienda, entre enero de 2012 y el mismo mes de 2013, la plantilla del conjunto de las administraciones bajó en 2.225 personas en Asturias. Los mayores ajustes se produjeron en la autonomía (1.048 puestos menos) y en los ayuntamientos (1.088).
