Los sindicatos de los envasadores españoles de Coca-Cola (UGT, CC. OO., CSIF y USO) abandonaron ayer la reunión negociadora, al cabo de una hora de conversaciones con la empresa, una vez que la sociedad Coca-Cola Iberian Partners mantuvo la determinación de clausurar las factorías de Asturias, Madrid, Alicante y Mallorca. Los sindicatos volverán hoy a las negociaciones.
Según algunos representantes sindicales participantes en las conversaciones, la empresa dio a entender su disposición a mejorar las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará, según fuentes sindicales, a la mayoría o a todos los centros de trabajo, incluidas las fábricas que van a seguir abiertas y las delegaciones comerciales. La empresa ha facilitado hasta ahora datos pormenorizados del impacto sobre los centros que se quieren cerrar y sólo sobre su parte fabril. Los sindicatos aseguran que los datos difundidos a la prensa no les han sido comunicados de forma oficial por la compañía.
Según algunos representantes de la plantilla partícipes en las negociaciones, la empresa dio a entender ayer que estaba en condiciones de hacer una mejora de las condiciones y una ampliación del número de recolocaciones, lo que se interpretó como una posible reducción de la cifra de despidos.
Hasta ahora, los datos facilitados por la empresa a los medios de comunicación cifran el impacto total del plan en 1.253 trabajadores en España, de los que 350 se prejubilarán, otros 350 serán despedidos y unos 500 serán recolocados mediante traslados a otras centros productivos.
El abandono de la reunión por los sindicatos postergará hasta hoy el conocimiento de las nuevas cifras y condiciones que podría plantear la empresa, aunque ésta sopesa acompasar sus movimientos a que los sindicatos también flexibilicen su posición.
Según la versión laboral, los representantes empresariales habrían dicho ayer a los sindicatos que la voluntad de la empresa es llegar a acuerdos y encontrar soluciones no traumáticas para el personal afectado por los cierres de fábricas (caso de la planta de Colloto, en Siero) y por los ajustes en otros centros de trabajo. Pero según los mismos testimonios, la empresa tendría voluntad de seguir adelante con sus propósitos de cierre si en semana y media no se alcanza un acuerdo. El viernes 21 termina el periodo de consultas del expediente de regulación de empleo.
Los trabajadores siguen aumentando la presión con las movilizaciones. Hoy la planta asturiana protagonizará otro paro parcial de cuatro horas (dos por turno) y el lunes quedará inactiva tras decidir la asamblea de trabajadores emprender una huelga total y de duración indefinida. Esta medida de presión ya la están aplicando las otras tres fábricas que el grupo pretende suprimir: Fuenlabrada (Madrid), Alicante y Palma de Mallorca.
El Gobierno hizo ayer un nuevo llamamiento al pacto. Como hiciera la víspera el ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer fue la titular de Empleo, Fátima Báñez, quien pidió que se aplique "todas las medidas de flexibilidad interna" que están a su disposición para no tener que seguir adelante un plan que prevé destrucción de empleo. "Espero que la negociación termine en acuerdo", dijo Báñez en el parlamento. El presidente de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara, tachó de "delito social que a empresas con beneficios se les permita despedir a trabajadores en un país con 6 millones de parados" y pide al Gobierno que intervenga y paralice este ERE "con la misma celeridad" con la que intervino en el tema de Sacyr y el Canal de Panamá. La ministra llamó a la responsabilidad de las partes para que "utilicen todas las medidas de flexibilidad interna y busquen alternativas al ajuste que no sea vía despidos". CC. OO. y UGT reclamaron al Gobierno que solicite a Coca-Cola suspensión del ERE y que propicie un dialogo y una negociación entre el embotellador, la empresa y los sindicatos.
Como ya hiciera en Asturias la Mesa de Turismo de la patronal regional (FADE), ayer la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) expresó su "incomprensión" porque este tipo de decisiones las tome un grupo con beneficios y manifestó a la vez su "gran preocupación" por el temor a que el cierre de la fábrica de Palma de Mallorca acabe entrañando mayores dificultades de abastecimiento e incremento de precios por la insularidad.
