Gasto público

¿Cuánto nos ahorraríamos eliminando las Diputaciones?

Estas instituciones, cuyo origen se remonta a 1812, mueven un presupuesto de unos 5.000 millones al año

03.03.2016 | 03:52

Por fin llega el debate de investidura con una gran incertidumbre sobre que pasará tras la segunda votación. Porque parece más que claro que habrá una doble negativa entre el martes y el viernes y se abrirá un periodo nuevo de negociación, que si no lleva a ningún acuerdo, acabará con nuevas elecciones para el 26 de junio.

Mientras se llega, o no, a un acuerdo uno de los puntos principales del debate está en la propuesta, firmada por PSOE y Ciudadanos para la eliminación de las Diputaciones Provinciales. Más allá de debates políticos, no hay que olvidar que estos organismos, cuyo origen está en la Constitución de Cádiz de 1812, conviven en todas las regiones con más de una provincia con el principal organismo de descentralización y administración en España, las Comunidades Autónomas. Con ello, se generan duplicidades, como también en muchas ocasiones la genera el Estado e incluso los Ayuntamientos con las Comunidades Autónomas, pero con una cuantía que en la práctica no llegaría a las magnitudes que se están comentando relativas a las diputaciones.

Un ahorro real mucho menor de lo estimado

La propuesta que atañe a 38 Diputaciones Provinciales (las de régimen general) afecta a un presupuesto de 5.000 millones de euros anuales. Todas ellas con un impacto muy desigual, como lo es su presupuesto. Entre la que más gasta, la diputación de Barcelona con 870 millones, y la que menos, Albacete con 43 millones, reparten su presupuesto en partidas muy diferentes, desde el mantenimiento de infraestructuras a servicios municipales y, por supuesto, personal.

Esta es sin duda la partida más llamativa. En gastos de personal se consume alrededor del 48% de los 5.000 millones. Estos pagos de personal se reparten entre las 62.000 personas que trabajan para ellas, unos 27.500 funcionarios y alrededor de 34.500 forman el personal contratado. Los primeros serían recolocados a otros organismos con lo que el ahorro, al menos a corto plazo, no existiría.

Entre los segundos estaría la partida principal de ahorro en personal, pero ni mucho menos se podría eliminar todo el personal eventual. Aunque se repartiera las tareas a otras administraciones, hay funciones que no se duplican. Por ejemplo, la recogida de basuras que hacen muchas diputaciones para sus municipios serían sustituidas por la misma pero realizada por mancomunidades municipales.

El mantenimiento de carreteras provinciales, igual, si la comunidad autónoma tiene el personal ajustado o las contratas realizadas para sus carreteras, a más carreteras a cuidar, sería necesario contratar más personal a nómina de la Comunidad o pagar a una empresa por su mantenimiento. Donde sí habría un ahorro total es en los cargos políticos, los diputados provinciales, que desaparecerían. Por todo ello, de los cerca de 2.500 millones que supone el gasto de personal, no parece factible que al ahorro sea más de 700-800 millones de euros al año.

El segundo punto es el gasto real no destinado a personal. En este caso las mayores duplicidades u ahorros potenciales se centran especialmente en las diputaciones de mayor tamaño como Barcelona, Valencia o Sevilla. Distribuyendo sus tareas a otras administraciones el ahorro podría alcanzar hasta un 50-55% de sus partidas de gasto no destinadas a personal. En el lado contrario, las que tienen menos presupuesto suelen cubrir un gasto que no cubren otras administraciones –esencialmente carreteras, residuos y otras infraestructuras- con lo que el ahorro es mucho menor. Con todo ello el ahorro máximo estaría entre 1.000-1.200 millones de euros al año.

Resumiendo que de los 5.000 millones que se afirma que se ahorraría la cifra se rebajaría a entre 1.700-2000 millones de euros al año, entre el 35-40% de su presupuesto. El ahorro es importante, pero desde luego, nada que ver con las cantidades afirmadas que se ahorrarían.

Lo que si abre es una vía de racionalización del gasto administrativo por duplicidad de estructuras, que tendría que ser complementado, al menos económicamente, con la fusión de municipios de pequeño tamaño que asumieran los gastos que dejan de cubrir las Diputaciones Provinciales de forma más eficiente y de mayor ahorro

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