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La empresas de UGT defienden que no hincharon las facturas de los locales donde impartían formación, como defiende el fiscal

La declaración de María Jesús Ocaña (responsable de la empresa Localmur) y Mónica Menéndez Vázquez (de Infastur) se extendió más de cuatro horas

13.05.2016 | 15:16

Dos de las investigadas por el caso de los cursos de formación de UGT, María Jesús Ocaña (responsable de la empresa Localmur) y Mónica Menéndez Vázquez (de Infastur) defendieron esta mañana ante la jueza María Luisa Llaneza su inocencia y aseguraron que las facturas de alquiler de los locales donde se daban los cursillos no estaban hinchadas, tal y como les acusa el fiscal Gabriel Bernal. La defensa de ambas compañías, ligadas al sindicato, aportó numerosas facturas y documentación para justificar que el arrendamiento se había hecho dentro de la legalidad.

Incluso, la defensa de Localmur presentó varios estudios de mercado para tratar de demostrar que los alquileres no habían sido hinchados. La fiscalía, por su parte, considera que ambas empresas y la Fundación IFES, también ligada a UGT, sobredimensionaron las facturas y luego las cargaron a las subvenciones del Principado. El sobre coste podría alcanzar los 500.000 euros, según el ministerio público.

La declaración de Ocaña y Menéndez se extendió durante más de cuatro horas, lo que obligó a suspender las citaciones de los testigos que estaban programadas. El procedimiento, que está llevando el juzgado mercantil número cuatro de Oviedo, continuará el siete de junio.

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