La nueva reforma tributaria que el Gobierno regional del socialista Javier Fernández negocia con el PP incluye, además de cambios en el impuesto de sucesiones, una rebaja en la tarifa del tributo que grava las donaciones entre vivos. La Consejería de Hacienda guarda reserva sobre los detalles, pero se conoce que el cambio reduce la factura fiscal en las donaciones de padres a hijos.

Asturias tiene ahora una de las fiscalidades más elevadas para las donaciones, de tal suerte que, por ejemplo, un hijo que reciba una cantidad de dinero de sus padres está obligado a tributar hasta mil veces más que en otras autonomías. Fuentes gubernamentales se limitaron a señalar ayer que la propuesta del Principado, alineada con el programa electoral del PSOE, supone "reducir la fiscalidad de las donaciones en línea directa modificando la tarifa" del impuesto. La propuesta es paralela a la que también negocian el PSOE y el PP para elevar de 200.000 a 300.000 euros la reducción de la base imponible que desde enero está vigente para el impuesto de sucesiones cuando quienes heredan son los familiares más directos (cónyuges, hijos, nietos o padres).

Asturias y Andalucia tenían el impuesto de sucesiones más alto de España, en las dos comunidades surgieron movimientos ciudadanos de protesta y en ambas los gobiernos del PSOE han pactado con grupos de la oposición reformas para bajar este año la presión fiscal elevando los mínimos exentos. Hasta ahí los paralelismos, porque ante las insistentes demandas ciudadanas de más rebajas la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se desmarcó ayer pidiendo a Mariano Rajoy "que se quede" con el impuesto, mientras que desde el Gobierno de Asturias se defendió "la necesidad" de mantenerlo como herramienta de redistribución económica.

Susana Díaz reclamó al presidente del Gobierno que "se quede" con el impuesto de sucesiones "y que nos deje tranquilos y nos dé la financiación necesaria". Díaz se refirió así a la decisión del Gobierno andaluz de dirigirse por escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para pedirle que el Estado se haga cargo del tributo de sucesiones, cedido a las comunidades, y que compense a Andalucía con financiación para el sostenimiento de los servicios públicos.

"Se ha intentado engañar a la gente creando miedo con un impuesto que lleva ya muchos años, para enfrentar a los ciudadanos y a muchísimos hombres y mujeres que ni siquiera tienen que pagar ese tributo", reprochó Díaz.

Preguntado por la reacción de Susana Díaz, el consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, señaló que "el impuesto de sucesiones y donaciones sigue siendo necesario para Asturias" como herramienta de redistribución económica y fuente de financiación de servicios públicos. No obstante afirmó que, aunque este impuesto se ha mejorado al corregir el "error de salto" y elevar el mínimo exento hasta los 200.000 euros, aún es mejorable desde el punto de vista de la progresividad. Según sus cuentas, una media de 4.200 contribuyentes, de entre 29.000 declarantes, tributan por sucesiones cada año, y de ellos sólo 821 (el 3% del total de declarantes) son herederos directos.