El Ministerio de Empleo ha convocado a los representantes empresariales y sindicales el próximo lunes para analizar el llamado Plan Prepara, un subsido para parados sin prestación cuya gestión ha sido puesta en cuestión por una sentencia del Tribunal Constitucional.
En este encuentro se abordará el impacto del citado fallo, que ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno del País Vasco, al que da la razón al dictaminar que corresponde a las comunidades autónomas la gestión de las ayudas a los desempleados que han agotado la prestación por paro
El Plan Prepara, puesto en marcha en 2011, prevé una serie de acciones de políticas activas de empleo y la percepción de una ayuda económica para personas que han perdido su empleo y han agotado las prestaciones o no han cotizado el tiempo suficiente para acceder a la protección por desempleo.
El programa, de seis meses de duración, se prorrogó en varias ocasiones y en 2013 se estableció que se ampliaría automáticamente cada seis meses hasta que la tasa de desempleo se situara por debajo del 20%, un umbral que se redujo al 18% en 2016.
La sentencia el Constitucional complica la continuidad del programa, que supone 400 euros al mes para los parados con cargas familiares que agoten todos los demás subsidios. Fuentes del Ministerio de Empleo han señalado que se buscarán "fórmulas" para mantener la ayuda, que no podrá ser prorrogada automáticamente como hasta ahora.
