La subida de las pensiones pactada entre el PP y el PNV durante la negociación de los Presupuestos de 2018 supondrá un ingreso extra de unos 60 millones de euros este año, según una estimación basada en los datos sobre la nómina de las prestaciones que cobran los más de 270.000 pensionistas de la región.

Nuevo cambio de rumbo, el tercero en pocos meses, en la revalorización de las pensiones: en el contexto de la negociación presupuestaria, el PNV forzó ayer al Gobierno del PP a aceptar que las prestaciones de los jubilados suban con carácter general de forma que no pierdan poder adquisitivo (el 1,6% en 2018 y como la inflación en 2019), a la vez que se mantiene el compromiso de revalorizar el 3% las pensiones mínimas y se refuerza la mejora prevista en las de viudedad. El Ejecutivo hace otra concesión de calado: aparcar hasta 2023 la aplicación del llamado "factor de sostenibilidad", un ajuste que en principio iba a recortar los ingresos de los nuevos jubilados desde 2019. Dirigentes del PSOE y de Podemos acusaron al PP de usar a los jubilados como "mercancía electoral" y remarcaron que, durante meses, el Gobierno ha venido afirmado que "no había dinero" para blindar la capacidad de compra de los 8 millones de pensionistas.

El entendimiento del PP con los nacionalistas vascos no es un acuerdo definitivo sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año, pero evita que las cuentas públicas sean bloqueadas en el Congreso. Los parlamentarios del PNV se sumarán hoy a los del PP, Ciudadanos y varias formaciones del Grupo Mixto (Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN) para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Podemos y algunos partidos minoritarios. Se conjura así el riesgo de que una de esas enmiendas salga adelante y obligue a devolver las cuentas al Gobierno.

El PNV presta sus votos tras una reunión mantenida por Mariano Rajoy con el presidente del partido nacionalista, Andoni Ortuzar, en la que también se habló sobre Cataluña. Los aspectos referidos a las pensiones que se concertaron son los que se exponen a continuación.

Revalorización general. La subida de las pensiones pasa del 0,25% al 1,6% con carácter general para 2018. En 2019 sería igual al índice de precios al consumo (IPC) si finalmente se aprueban los Presupuestos con esa redacción.

Pensiones mínimas. Se mantiene el incremento del 3% ofrecido por el Gobierno en un intento de contener las movilizaciones de los jubilados en la calle y tras alcanzar un acuerdo presupuestario anterior con Ciudadanos.

Pensiones de viudedad. El pacto PP-Ciudadanos incluía que las prestaciones más modestas de las viudas pasasen de suponer el 52% de la base reguladora al 54% en 2018. El pacto con el PNV eleva ese aumento hasta el 56%, de forma que la subida para una parte de las viudas (unas 17.500 en Asturias) llegaría al 7,7%.

Factor de sostenibilidad. La reforma de las pensiones de 2013, aprobada por el PP en solitario, incluía la aplicación desde 2019 del "factor de sostenibilidad", una fórmula que ajusta las prestaciones de los nuevos jubilados a la evolución estadística de la esperanza de vida. Los expertos han estimado que tal ajuste supondría a partir de ese año un recorte de hasta el 1% para quienes se retiren. El PNV ha forzado ahora al PP a postergar ese mecanismo hasta 2023.

El PP ha salvado un obstáculo, pero aún no tiene garantizada la aprobación del Presupuesto. El PNV la sigue condicionando a que se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. También, a la aprobación de otras enmiendas a beneficio del País Vasco cuyo contenido no ha sido desvelado. En 2017, el principal compromiso que arrancó el PNV fue una reducción multimillonaria del cupo que la comunidad vasca paga al Estado dentro del sistema foral de financiación.