19 de mayo de 2012
19.05.2012

«Vamos a intentar que se cite a Cascos», asegura el abogado de la acusación popular

José Mariano Benítez de Lugo, que firma el recurso que ha permitido imputar de nuevo a Bárcenas, considera que el ex tesorero del PP debe declarar de nuevo

17.03.2012 | 05:42
José Mariano Benítez de Lugo.

Oviedo, L. Á. VEGA

José Mariano Benítez de Lugo, el letrado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) que firmó el recurso contra el sobreseimiento de la causa contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, considera que éste y los otros dos populares que han vuelto a ser imputado, el ex diputado Jesús Merino y el ex concejal de Estepona Ricardo Galeote, deben volver a ser citados por el juez instructor de la causa, Pablo Ruz, para aclarar su vinculación con las empresas de Francisco Correa. Y también Francisco Álvarez-Cascos, con el fin de determinar si se corresponden con él las siglas «P. A. C.» que aparecen en un informa de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF). «Nosotros vamos a intentar que se le cite. En algún informe policial se identifican las siglas "P. A. C." con Paco Álvarez-Cascos», indicó ayer el abogado en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA, desde su despacho en Madrid.


El informe al que se refirió Benítez de Lugo sostiene que un dirigente popular de «gran poder de influencia», bajo las iniciales «P. Á. C.», recibió 980.000 de los 12 millones de euros que el PP pagó a las empresas de Correa por organizar actos de las campañas electorales de 2003 y 2004, unos contratos que fueron encargados por Luis Bárcenas, amigo personal y mano derecha de Álvarez-Cascos cuando éste era secretario general del PP. De acuerdo a ese informe interno, el propio Bárcenas habría recibido 230.000 euros.


Según la Policía, Bárcenas también recibió, en 2002 y 2004, un total de 600.000 euros del constructor Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica, una empresa que durante el tiempo que estuvo Álvarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento fue adjudicataria de proyectos por importe de al menos 703 millones de euros. Benítez de Lugo aseguró que «las constructoras eran el vehículo fácil para la financiación ilegal del partido».


El hecho de que no se haya llamado a declarar a Cascos es para el abogado un ejemplo de cómo se ha desarrollado hasta ahora el caso. «¿Por qué no se imputa tampoco a la esposa de Bárcenas, pese a que en sus cuentas figuran 500.000 euros de origen desconocido? ¿Es que todas las esposas de los delincuentes son tontas?», se preguntó, en referencia a otros asuntos de candente actualidad, como el «caso Nóos».


En lo que respecta a Bárcenas y los otros dos miembros del PP que vuelven a estar imputados tras revocarse el sobreseimiento dictado por el juez Antonio Pedreira, Benítez de Lugo considera que «el último informe de la UDEF es elocuente respecto a su implicación en la trama de blanqueo de dinero de Francisco Correa. Por eso han sido cesados todos los autores de ese informe por los nuevos responsables policiales».

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