El Consejo de Europa advirtió ayer al Gobierno de que el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, conocido por la oposición como "ley mordaza", es "altamente preocupante" y fija sanciones "desproporcionadas". La norma, muy contestada también por algunos sectores de la judicatura, establecía multas de hasta 600.000 euros por manifestarse sin autorización ante las sedes institucionales, pero la semana pasada el Ejecutivo decidió rebajar esta infracción de "muy grave" a "grave" y penarla con multas de hasta 30.000 euros.
Con todo, Nils Muiznieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, al que pertenecen 47 países europeos, puso en duda que la ley que prepara el Ministerio del Interior y las restricciones que acarrea para el ejercicio del derecho de manifestación sean necesarias para mantener el orden público en una sociedad democrática sin que, a la vez, interfieran "demasiado en la libertad de reunión".
Y, dicho esto, advirtió de que si la ley "va más lejos", tratará "el asunto con las autoridades españolas". "Quiero que alguien me convenza de que 600.000 euros por ofensas muy serias es una multa proporcionada", explicó.
Muiznieks también mostró su preocupación por la interpretación que puedan hacer los tribunales de expresiones recogidas en la ley como "ofensas a España" o "poner en peligro la seguridad ciudadana". Hay que ver "hasta qué punto están claros los conceptos y si la gente puede predecir cuándo no está incumpliendo la ley, y hasta qué punto existe el riesgo de que haya una interpretación arbitraria", agregó el comisario, informa "Efe".
Descontento social
Las declaraciones de Muiznieks llegan después de que los principales partidos de la oposición, PSOE e IU, denunciaran que el objetivo del Gobierno al diseñar la "ley mordaza" es poner coto al creciente descontento social causado por los recortes. El comisario se hizo eco ayer de esas críticas al decir que "los gobiernos y la UE tienen obligaciones para con los derechos humanos, y hay formas de bregar con la crisis y la austeridad que plantean menos problemas".
El Consejo de Europa presentó en Bruselas un informe sobre el impacto de la crisis en la protección de los derechos humanos y reclamó a la UE y a la troika (BCE, CE y FMI) que tengan en cuenta el impacto que los acuerdos de asistencia financiera -los rescates- y sus condiciones pueden tener sobre ellos en los países receptores.
El documento pone de manifiesto que las medidas de austeridad recomendadas por las instituciones internacionales y emprendidas por los Estados han afectado a la protección de los derechos humanos, especialmente a los derechos sociales y económicos de los más vulnerables (niños, jóvenes, discapacitados y mujeres, entre otros), al acceso a la justicia y al tratamiento igualitario.
Por todo ello, Muiznieks abogó por que se estudie el impacto de estas políticas y se consulte con organizaciones civiles o de derechos humanos para que sean corregidas si se encuentra que tienen efectos desproporcionados sobre la población. El comisario apeló no sólo a la responsabilidad internacional, sino a la de cada Gobierno.
"Juridicidad"
Por toda respuesta a las críticas de la oposición y del Consejo de Europa, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, advirtió a quienes tengan dudas sobre la "juridicidad" del anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana que la norma "no puede pasar por más filtros de órganos institucionales de los que va a pasar".
Fernández Díaz dijo que "algunos criticaron la ley antes de conocerla" y agregó que la norma pretende "garantizar mejor" las libertades públicas y los derechos fundamentales, "garantizando mejor la seguridad ciudadana".
A lo cual añadió que se parte de la base de que ésa es "la mejor manera de garantizar la libertad y la convivencia pacífica y democrática", manifestando que el Gobierno es consciente de que cuando se habla de seguridad y libertad tocan "un ámbito muy sensible".
