El Gobierno defiende el concierto económico e invita al PSOE a concretar una postura

Los socialistas descartan un brote soberanista en el País Vasco por las críticas de los barones del partido a los regímenes fiscales forales

10.10.2015 | 02:20

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó ayer que los conciertos económicos vasco y navarro "no están en cuestión"y advierte que "sería bueno" que el Partido Socialista tuviera "una posición" en este asunto. Sáenz de Santamaría ha ratificado así la defensa de los regímenes fiscales especiales del País Vasco y Navarra, que como ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, son una "tradición histórica recogida en la Constitución" cuyos cálculos se rigen por las leyes correspondientes.

Actualmente, ha explicado, un grupo de trabajo está evaluando el sistema de financiación vigente, un modelo que, ha recordado, no apoyó el PP y que está siendo muy criticado ahora por comunidades gobernadas por el partido que lo impulsó, el PSOE.

En la misma línea, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha insistido en negar que el concierto vasco y el convenio navarro sean "un privilegio", y ha defendido el compromiso del Gobierno con el mantenimiento de los llamados regímenes forales.

Por su parte, la portavoz del Comité Electoral del PSOE, María González, descarta que pueda producirse en el País Vasco un resurgimiento soberanista similar al de Cataluña, a raíz de las críticas de destacados 'barones' socialistas como Susana Díaz y Ximo Puig al concierto económico.

Desde que hace unos días el líder socialista y candidato a la Moncloa, Pedro Sánchez, se mostrara partidario de "actualizar" el cupo vasco, otros miembros destacados del partido le han secundado planteando necesidades de solidaridad e igualdad, lo que ha llevado al Gobierno central a salir en defensa del concierto y a Sánchez a aclarar que los socialistas se sienten "a gusto" y "cómodos" con él.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de la Junta de Andalucía contra la Ley de Financiación Autonómica de 2015 que, a juicio del Gobierno andaluz, vulnera la autonomía financiera y de gestión.

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