M. CASTRO
El conflicto laboral en Suzuki por el cese de la fabricación de motos en Porceyo el próximo 31 de marzo, quedó ayer zanjado después de que el comité y la dirección de la empresa alcanzaran un pacto en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) respecto a las indemnizaciones a los afectados, que son los 169 trabajadores de producción que tiene Suzuki en Porceyo. Los 33 restantes que completan la plantilla, permanecerán en sus puestos para comercializar las motos que ahora Suzuki va a importar y para prestar el servicio técnico y postventa.
La dirección aceptó en la tarde de ayer la propuesta que llevó a la reunión el comité de empresa, consistente en una indemnización para cada despedido de 40 días por año trabajado con un máximo de 37 anualidades, más 12.500 euros lineales. La propuesta del comité había sido refrendada horas antes por la mayoría de los trabajadores, que acabaron divididos. La presentaron conjuntamente UGT y CC OO y fue respaldada por 97 trabajadores. Los 68 más veteranos la rechazaron, al salir perjudicados por un acuerdo beneficioso para los empleados con antigüedad menor. El acuerdo incluye, no obstante, la garantía de la empresa de que no habrá ninguna indemnización inferior a la que resultara de aplicar la fórmula de 45 días por año con un máximo de 42 mensualidades. La propuesta del grupo sindical independiente fue rechazada.
El acuerdo supondrá un coste para la empresa de 9,2 millones de euros. La cifra la había dado la dirección a los sindicatos para que los trabajadores decidieran cómo hacer el reparto. Lo hizo así después de que la asamblea de trabajadores hubiera rechazado sucesivas propuestas de la dirección, lo que se debía a la disparidad de intereses entre jóvenes y mayores en la factoría.
Con el acuerdo alcanzado ayer, queda desconvocada la huelga que estaba convocada a partir de la próxima semana. Los trabajadores, por su parte, evitan volver a negociar desde cero, dado que la dirección de la empresa había amenazado con presentar este mes un ERE con la indemnización mínima que marca la ley (un máximo de 20 días de salario). Esa indemnización mínima fue la oferta inicial de la dirección de Suzuki en las negociaciones. Los sindicatos comenzaron exigiendo 60 días por año trabajado más 30.000 euros para cada afectado. Al final se llegó a un punto intermedio. Los trabajadores aún esperan que aparezca un inversor dispuesto a recolocarlos.
