La Fiscalía solicita un aumento de la pena de prisión a los cinco acusados de obligar a ir a la huelga a un empleado de Arcelor. El Ministerio fiscal pide seis años y medio de prisión para dos de ellos, y cinco años y medio para los otros tres, al modificar su acusación y sumar al delito contra el derecho de los trabajadores otro delito por lesiones.
De esta manera serían seis años y medio de prisión para Jerónimo Blanco y José Ángel Álvarez, cuatro años y seis meses por delito contra el derecho de los trabajadores y otros dos años más por delito de lesiones. Además de una multa de 18 meses, con un pago de 10 euros al día, y una indemnización de 600 euros cada uno para el afectado. Para los otros tres acusados, Neftali Casares, Alberto Villalba y José Luis Alonso, solicitan desde la Fiscalía cinco años y medio de cárcel, correspondientes a tres y medio por delito contra el derecho de los trabajadores y dos más por delito de lesiones; más una multa económica. Además la Fiscalía pide que entre todos los acusados abonen una indemnización de 70.000 euros.
Los acusados negaron los hechos e incidieron en que se trataba de una "falsa denuncia" en la vista celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal número uno de Gijón.
La Fiscalía sostiene que, Arsenio Iglesias, al negarse a abandonar su puesto de trabajo alegando que no estaba de acuerdo con las motivaciones de la huelga general del 29 marzo de 2012, tuvo que abandonar su despacho aturdido y sufriendo una pérdida de audición durante unos minutos y un cuadro de ansiedad, después de que supuestamente le habían advertido le habrían advertido que "si no salía por las buenas lo haría por las malas".
