Hevia Chirino agregó que "no es de recibo que por dos petardos haya condenas de este tipo, cuando otros en este país roban a manos llenas y parez que no pasa nada".
Samuel Fernández, secretario general de CSI, calificó como "una barbaridad" la sentencia contra "trabajadores por defender el derecho de huelga legal". El dirigente de CSI señaló que el proceso contra los cinco integrantes del piquete de Arcelor en Veriña es sólo uno de los que se abrieron por la jornada de huelga general del 29 de marzo de 2012. Por esa jornada de huelga general "hay otros 15 imputados en Asturias", añadió.
Miguel Ángel García Álvarez, presidente de ACIAA (sindicato al que representaba el agredido, Arsenio Iglesias), declinó pronunciarse sobre la sentencia, salvo para señalar que "recoge los hechos tal como sucedieron", añadiendo que "la agresión tuvo consecuencias, porque Arsenio sigue a día de hoy a tratamiento médico y la enfermedad se ha cronificado".
Miguel Ángel García apuntó que "no reconozco en esos actos a la UGT que yo conocí y traté durante 30 años" en los que trabajó en el departamento de recursos humanos de ArcelorMittal Asturias. También reprochó que desde que tuvo lugar la agresión, ningún dirigente de MCA se puso en contacto con Arsenio o con su sindicato para interesarse por su estado.
García Álvarez también quiso ir un paso más allá de la sentencia y señaló que su sindicato exige a ArcelorMittal "que depure responsabilidades" en la dirección de recursos humanos por no haber evitado "que un grupo de personas se moviera libremente por las instalaciones, agrediendo a la gente y causando estragos", apuntando que "no todos los miembros del piquete eran representantes sindicales, ni aunque lo fueran" deberían haber tenido franqueado el paso. ACIAA dirigió en 2012, tras los hechos, una carta al propio Laksmi Mittal, dueño de la empresa, y a altos directivos de la multinacional.
El propio afectado, Arsenio Iglesias, sí indicó el martes a este diario que consideraba que la condena impuesta a los cinco sindicalistas era demasiado dura.
ArcelorMittal declinó ayer, a través de un portavoz, valorar la sentencia. El director general de FADE, Alberto González, se limito a mostrar su respeto por las decisiones judiciales y recordar "la defensa que en FADE siempre hemos hecho del derecho a trabajar de los que no quieren ejercer el derecho de huelga y el rechazo del uso de la coacción y de la fuerza".
En la sentencia, el juez señala que los condenados no lo son por ejercer el derecho de huelga, sino por sus acciones contra el trabajador que optó por no secundarla. Recuerda que el Tribunal Constitucional ya estableció que "el derecho a la huelga no es ilimitado", proclamando que "el derecho de huelga no puede tutelar el coaccionar, intimidar o ejercer actos de violencia para la persecución de sus fines".
La sentencia también reconoce que en situaciones de conflicto, como una huelga, no son de esperar "pautas de comportamiento corteses" por parte de los huelguistas, pero "la conducta de los acusados objeto de enjuiciamiento, sobrepasa los límites constitucionalmente protegidos en orden a asegurar el libre desarrollo de las tareas de información, persuasión y presión".
