La "operación Escorpión" -que hace meses permitió a la Policía de Gijón incautarse de más de 37 kilos de droga y desmantelar la mayor red de distribución de hachís del concejo-, llega a juicio. La Audiencia Provincial juzgará la próxima semana a tres presuntos narcotraficantes detenidos a principios del año pasado por la Brigada de Estupefacientes de la Comisaría acusados de vender droga utilizando como tapadera una frutería de El Llano. Los procesados hacen frente a una condena total de 15 años de privación de libertad y al pago de multas cuya cuantía supera el medio millón de euros.

El principal imputado en esta trama es un español de origen magrebí sin antecedentes que pretendía hacerse pasar por un comerciante de la calle Río de Oro. Según la Fiscalía este hombre había llegado a un acuerdo con otro de los procesados para que le guardara su droga en un trastero situado en la calle San Félix. El cabecilla daba instrucciones periódicamente a su colaborador y le indicaba dónde tenía que llevar los estupefacientes. La mayor parte de los pedidos se dirigían a la frutería del supuesto empresario, en donde se distribuían.

Informados de las extrañas operaciones que se estaban llevando a cabo en el negocio, los agentes de la Brigada de Estupefacientes detuvieron al dueño del trastero el 28 de enero. En el inmueble que se utilizaba como almacén los investigadores descubrieron 31 kilos y medio de cannabis distribuidos en 321 tabletas, además de dos kilos y medio de anfetamina. La Fiscalía mantiene que si la droga hubiera sido vendida en gramos tendría un valor de más de 250.000 euros.

Ese mismo día la Policía arrestó al cabecilla de la banda, que fue interceptado con casi 6.500 euros en efectivo. Los investigadores señalaron a este empresario como el dueño de la mayor parte del hachís que se vendía en Gijón. Pero la operación fue más allá. La Policía arrestó también al hombre que le entregaba los estupefacientes al frutero. Era un vecino de la calle Feijoo con antecedentes.

El dueño del trastero que servía como almacén es el que ahora afronta una pena más alta. La Fiscalía pide para él siete años y medio de privación de libertad y la imposición de una multa de 300.000 euros. El frutero hace frente a cuatro años y medio de cárcel y una sanción económica de 200.000 euros, mientras que para el principal proveedor de estupefacientes la Fiscalía solicita tres años de cárcel y 6.000 euros de multa.